La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó formalmente a su antecesor en el cargo, Jaime Bonilla, de haber coordinado el encuentro con supuestos intermediarios estadounidenses bajo el argumento de ayudarla a resolver la revocación de su visa. Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal calificó el suceso como una «trampa» planeada para grabar el diálogo privado y utilizarlo en su contra.
Ávila Olmeda explicó que, a pesar de las diferencias políticas previas, decidió dejar de lado los desencuentros y aceptar la propuesta de apoyo que Bonilla le planteó a través de la aplicación WhatsApp, lo que derivó en la reunión de la cual se han difundido diversos fragmentos de audio.
El desarrollo del encuentro y señalamientos judiciales
La jefa del Ejecutivo estatal relató que durante la reunión los supuestos asesores le expusieron la presunta existencia de cargos y procedimientos judiciales en su contra dentro de los Estados Unidos, una situación que, según sus palabras, la tomó por completa sorpresa.
La gobernadora detalló los siguientes puntos sobre la interacción con dichas personas:
- Reacción ante las acusaciones: Calificó los escenarios presentados por los interlocutores como graves y carentes de hechos reales que pudieran sustentarlos.
- Falta de seguimiento legal: Tras la sorpresa inicial, la mandataria solicitó que los supuestos intermediarios contactaran directamente a su abogado en la Unión Americana para dar formalidad al asunto.
- Ausencia de documentos: La gobernadora denunció que estas personas nunca se comunicaron con su representante legal, no presentaron ningún documento oficial y jamás concretaron una mesa de trabajo formal, limitándose a difundir los fragmentos grabados de manera ilícita.
Respuestas del Gobierno Federal ante la difusión
El caso ha alcanzado la agenda de seguridad del Gobierno Federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se pronunció al respecto minimizando el impacto de las grabaciones al señalar que en los audios analizados no se infiere ni se demuestra que la gobernadora tuviera la intención de entregar información confidencial o que pusiera en riesgo áreas estratégicas de la administración pública.
Por su parte, Marina del Pilar reconoció formalmente la existencia de las conversaciones con los intermediarios, pero reiteró que su participación partió de la buena fe ante una problemática estrictamente personal relacionada con su visado, y descartó cualquier afectación institucional a las funciones que desempeña en el gobierno de Baja California.