Durante el último Consejo Universitario se generó una fuerte preocupación tras el anuncio del director de la Escuela de Bachilleres, quien notificó que el plantel de bachillerato en el campus Landa de Matamoros ya no cuenta con viabilidad para recibir estudiantes. Omar Chávez, quien participó activamente en la gestión de recursos, la donación del terreno y los estudios de impacto ambiental de dicha infraestructura en la zona serrana, calificó la situación como alarmante y cuestionó que se pretenda cerrar el espacio sin un análisis integral del impacto social y cultural.
El consejero señaló que la disminución de la matrícula en los campus regionales no se debe evaluar únicamente bajo criterios numéricos o de puntaje técnico, sino tomando en cuenta la desigualdad de condiciones en la Sierra Gorda, Tolimán y Amealco. Detalló que desde la Facultad de Ingeniería se han propuesto alternativas basadas en cupos fijos en lugar de puntajes rígidos para mantener la oferta educativa, pero estas discusiones han sido ignoradas por las autoridades institucionales.
Censura, persecución y desvío de propuestas
Chávez denunció que existe una estrategia sistemática para callar sus intervenciones dentro del Consejo Universitario, violando las pautas del Estatuto Orgánico que garantizan los contrapesos democráticos y el debate equitativo. Afirmó que, tras exponer observaciones sobre la reducción del presupuesto para becas y solicitar revisiones financieras, comenzó a recibir ataques y señalamientos por parte de la mayoría de los directores y la administración central.
La falta de respuestas formales a las demandas de la comunidad estudiantil y docente se manifiesta en los siguientes puntos:
- Burocracia dilatoria: Las propuestas entregadas por el consejero (relacionadas con presupuesto para becas y apoyo a personas con discapacidad) son remitidas a coordinaciones secundarias, recibiendo notificaciones de traslado con meses de retraso y sin resoluciones de fondo.
- Cuestionamiento a la libertad de expresión: Se han presentado quejas formales en su contra dentro del Consejo, argumentando de manera infundada que no tiene permitido dar entrevistas a medios de comunicación ni difundir sus iniciativas en redes sociales.
- Despojo de proyectos de investigación: El académico reportó que, mediante un oficio de la oficina del abogado general, se le notificó unilateralmente el retiro de la coordinación de su proyecto de tratamiento de agua con arsénico en comunidades, una labor que desarrollaba desde hace 15 años.
Acciones legales y solicitudes de transparencia
Ante el bloqueo administrativo y el inicio de procesos de hostigamiento —calificados por el afectado como un generador de fuerte desgaste emocional—, el académico recurrió a la Plataforma Nacional de Transparencia para obtener copias de los expedientes oficiales que le han sido negados por la vía ordinaria. Actualmente se encuentra en la revisión de más de 5 mil fojas de documentación para determinar las acciones jurídicas a seguir.
El panorama de las controversias y la situación administrativa del consejero dentro de la institución se resume a continuación:
| Asunto Evaluado | Situación Reportada en el Consejo | Postura y Acciones de Defensa |
| Presupuesto y Becas | Reducción de apoyos detectada en el presupuesto de egresos. | Propuesta de fijar el 5% del presupuesto universitario etiquetado exclusivamente para becas. |
| Vías de Comunicación | Intentos de coacción para evitar declaraciones públicas y denuncias de docentes sin carga horaria. | Uso de los medios de comunicación como único recurso de defensa ante la falta de contrapesos internos. |
| Expedientes de Gestión | Opacidad en la entrega de recursos para laboratorios e infraestructura. | Recolección de 5,000 hojas vía Transparencia para analizar desvíos o irregularidades institucionales. |