En una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue desmantelada una red de extorsión encabezada por Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas de Michoacán (2012-2013). La captura del exfuncionario se realizó en el fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec, junto con su esposa Liliana «N», sus hijos Luis Samuel «N» y Aimee de Guadalupe «N», además de su escolta Agustín Arturo «N».
El grupo delictivo está acusado de suplantar la identidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alcaldes, gobernadores y mandos de la Presidencia de la República para exigir recursos económicos, plazas laborales o contratos gubernamentales a empresarios y políticos.
Modus operandi con Inteligencia Artificial y clonación de voz
Las investigaciones federales y estatales determinaron que la organización operaba mediante una elaborada estrategia de suplantación digital para engañar a sus víctimas a través de líneas telefónicas personalizadas con logotipos oficiales:
- Primer contacto de agenda: Integrantes de la red se hacían pasar por secretarios particulares para solicitar números privados argumentando llamadas de urgencia o de carácter reservado.
- Uso de Inteligencia Artificial: Empleaban herramientas tecnológicas para clonar las voces de altos funcionarios públicos y entablar diálogos creíbles, asegurando tener «instrucciones superiores» para solicitar apoyos financieros.
- Evidencia tecnológica asegurada: Durante la investigación se identificaron al menos 19 dispositivos móviles de gama alta y múltiples tarjetas SIM vinculadas directamente a las denuncias de los afectados.
Lavado de dinero e ingreso al penal de Almoloya
Debido a que Luis Miranda Contreras contaba con antecedentes penales por peculado desde 2017 y permanecía inhabilitado y boletinado en el sistema bancario mexicano, la red exigía el dinero en efectivo. No obstante, para las operaciones bancarias utilizaban una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija.
Los recursos obtenidos eran destinados a la adquisición de inmuebles en zonas de alta plusvalía y vehículos de lujo. Tras la detención, los cinco implicados fueron trasladados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde un juez de control los vinculó a proceso por el delito de extorsión, dictándoles la medida de prisión preventiva justificada.