El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, no saldrá del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos tras cumplir su condena de 5 años y 3 meses de prisión por el delito de tortura. Las autoridades judiciales determinaron mantenerlo en prisión preventiva debido a los expedientes penales que mantiene abiertos ante la Fiscalía General de la República (FGR), principalmente por el operativo Rápido y Furioso.
El exfuncionario cercano a Genaro García Luna enfrentaba la conclusión de su sentencia referida a los abusos cometidos contra familiares de Israel Vallarta en el caso de la banda Los Zodiaco. No obstante, las causas judiciales pendientes por delincuencia organizada e ingreso ilícito de armas de fuego impidieron su liberación.
Los cargos por el operativo Rápido y Furioso
El proceso que retiene a Cárdenas Palomino en prisión responde a su presunta responsabilidad en la omisión para evitar el ingreso ilícito de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas entre 2009 y 2011. Aunque en 2024 un juzgado en Sonora le otorgó el auto de libertad, un Tribunal de Apelaciones en Hermosillo revocó el fallo en junio de 2025 y ordenó su inmediata reaprehensión.
Posteriormente, el Tribunal Colegiado de Apelación en Tijuana le negó la protección de un amparo, ratificando el auto de formal prisión por su implicación en el fallido programa de rastreo de armamento coordinado entre agencias de Estados Unidos y México.
Antecedentes por tortura y vinculación con Los Zodiaco
El exmando policial fue sentenciado en agosto de 2025 tras acreditarse que autorizó agresiones físicas y psicológicas contra detenidos relacionados con el montaje televisivo de 2005. Dichas diligencias derivaron también en la exoneración y liberación de Israel Vallarta Cisneros en agosto de 2025, tras permanecer casi dos décadas en prisión sin sentencia firme.
Tras la salida de Vallarta del penal de El Altiplano, Cárdenas Palomino fue trasladado al Ceferepsi de Morelos para recibir atención especializada. El exservidor público enfrenta indagatorias complementarias por otras averiguaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos y delincuencia organizada.