La subasta de la pintura «Congreso de los pueblos por la paz» (1952), realizada por Frida Kahlo, en la casa Christie’s de Nueva York —valuada entre 2 y 3.5 millones de dólares—, detonó una fuerte controversia sobre la protección del patrimonio cultural mexicano. Integrantes del colectivo «Defendamos la Colección Gelman» exigieron la intervención de las autoridades federales para detener la puja, asegurando que la pieza formaba parte del inventario notariado que Diego Rivera legó al pueblo de México en el Museo Casa Azul de Coyoacán, bajo resguardo de un fideicomiso del Banco de México.
Antecedentes documentales y postura oficial del INBAL
Los inconformes retomaron una investigación de la exdirectora del recinto, Hilda Trujillo, que señala la extracción presuntamente irregular de diversas piezas del acervo, incluyendo este óleo sobre masonite que no debía salir del museo. En respuesta, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) aclaró mediante un comunicado que Kahlo donó en vida dicha obra al Congreso de la Paz y que la pintura fue trasladada fuera de México décadas antes de la publicación del decreto del 25 de julio de 1984, fecha en que la obra de la artista fue declarada monumento artístico.
Seguimiento jurídico y trazabilidad en el mercado internacional
Pese a sostener que la prohibición de exportación definitiva aplica únicamente a las obras que permanecían en territorio nacional al entrar en vigor el decreto de 1984, el área jurídica del INBAL informó que ya solicitó formalmente a Christie’s los documentos que acrediten la propiedad y la cadena de procedencia de la pintura. De acuerdo con los registros públicos de la subastadora, el actual propietario adquirió la pieza en una puja previa realizada por Sotheby’s en junio de 2020, por lo que la revisión documental buscará esclarecer su trayectoria histórica sin que hasta el momento se haya suspendido la venta programada.

