En entrevista, la legisladora federal abordó el escándalo en torno a los contratos de proveeduría en el Instituto Nacional Electoral (INE) y su impacto en los organismos públicos locales, incluido el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). La senadora sostuvo que estas prácticas de intermediación y desvío de recursos no son recientes, sino el resultado de esquemas heredados de administraciones pasadas, por lo que respaldó la necesidad de una auditoría general por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).
Contratos locales y cuestionamientos a exfuncionarios electorales
Al ser cuestionada sobre el caso de Querétaro, la legisladora lamentó que el IEQ también otorgara contratos millonarios a empresas investigadas a nivel nacional. Asimismo, criticó que exfuncionarios del órgano electoral local —como el expresidente del consejo— hayan integrado posteriormente gabinetes de administraciones panistas, evidenciando prácticas de «cuotas y cuates» que vulneran la autonomía de las instituciones. Por ello, abogó por revisar a fondo la actuación de los OPLEs y garantizar la meritocracia en la función pública.
Refundación del INE y futuro político en Querétaro
Ante las deficiencias detectadas, la senadora consideró viable evaluar una refundación del órgano electoral federal hacia un modelo más ciudadano y alejado de intereses partidistas, una vez concluidos los procesos electorales en curso. Finalmente, descartó haber buscado una candidatura municipal en la entidad, reiterando su compromiso de concluir su periodo como senadora de la República hasta 2030 y continuar impulsando la transparencia desde el Poder Legislativo.

