16 diciembre,2025
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Diputado Arturo Maximiliano pide regular la revocación de mandato en Querétaro

Arturo Maximiliano (Morena) denuncia que Querétaro carece de ley para la revocación de mandato, a pesar de que la figura existe en la Constitución estatal desde 2019. Propone iniciativa para regularla.

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El diputado de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, señaló que Querétaro continúa sin un procedimiento legal para la revocación de mandato, a pesar de que la Constitución estatal reconoce esta figura desde 2019. Explicó que la legislatura debió haber emitido la reglamentación correspondiente desde 2020, pero el proceso sigue pendiente.

García Pérez detalló que a nivel federal existe actualmente una iniciativa impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, la cual busca empatar el proceso de revocación presidencial con las elecciones intermedias. Destacó que esto coincide con la renovación de 17 gubernaturas, 31 congresos y más de 1,800 alcaldías en el país.

En el ámbito local, reiteró que la ausencia de una ley reglamentaria impide que los ciudadanos puedan iniciar un proceso de recolección de firmas. Recordó que la Constitución federal establece que, en los estados, se debe reunir el 10% del listado nominal para solicitar la revocación, cifra que calificó como de difícil alcance.

El legislador explicó que la iniciativa presentada por Morena contempla plazos, métodos y condiciones para la recolección de firmas, así como las reglas de sustitución en caso de que el Ejecutivo estatal sea removido. Indicó que no se incluye la posibilidad de revocar a alcaldes o diputados locales debido a la corta duración de sus encargos.

García Pérez subrayó que la revocación de mandato es un mecanismo democrático, distinto del juicio político, pues no requiere pruebas de faltas administrativas o delitos. Añadió que, aunque la figura debe existir y contar con un procedimiento claro, su aplicación sería un escenario extremo para cualquier entidad.

El diputado afirmó que existe un acuerdo para someter la iniciativa al pleno en el actual periodo, y consideró que su aprobación beneficiaría a todas las fuerzas políticas por tratarse de una regulación que no afecta a la administración en curso.

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