El consultor político Juan Carlos Espinosa señaló que la reciente propuesta de Ley de Aguas, presentada por la presidenta en la Cámara de Diputados, abre un debate amplio sobre la administración y distribución del agua en México y, particularmente, en Querétaro. Según Espinosa, el objetivo principal de la iniciativa es regularizar el uso del agua, garantizar su transparencia y definir con claridad los derechos de explotación.
El especialista destacó que, en general, la propuesta legislativa es sólida, aunque advirtió que aspectos como la imposibilidad de ceder derechos de explotación en ventas o herencias de terrenos podrían devaluar la propiedad. Asimismo, mencionó que se esperan más de 50 modificaciones durante el debate en el pleno, algunas de las cuales podrían atender estas preocupaciones.
Espinosa enfatizó que la regulación no busca limitar el suministro de agua a las comunidades, sino ordenar su uso, especialmente en el caso de pozos con fines agrícolas o industriales. Señaló que algunos empresarios utilizan el agua para pipas que abastecen colonias sin servicio, y consideró necesario regular su distribución y asegurar que cumpla con los estándares de potabilidad, evitando riesgos de contaminación por arsénico u otros contaminantes.
En Querétaro, explicó, existen concesiones de agua que benefician principalmente a proyectos agrícolas e industriales, mientras que comunidades como Santa Cruz carecen de acceso directo. También mencionó conflictos recientes en municipios como Pinal de Amoles, donde las comunidades han disputado el uso de manantiales.
Sobre la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Espinoza Larracoechea opinó que enfrenta retos importantes. Si bien el organismo buscaba centralizar recursos y supervisar el sistema hídrico, su operación se ha visto limitada por la falta de transparencia y el uso político de sus recursos. Evaluó la gestión de Luis Vega Ricoy como administrativamente gris, señalando proyectos fallidos y decisiones que afectaron la percepción pública del organismo.
Finalmente, el consultor subrayó que la Ley de Aguas representa una oportunidad para establecer un marco regulatorio más sólido, asegurando que los municipios y los desarrolladores cumplan con responsabilidades claras, y que el agua se gestione de manera eficiente y justa, considerando su creciente valor estratégico en el país.