El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, envió al Congreso estatal una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia que ha encendido las alarmas de la sociedad civil. Aunque el Ejecutivo justificó la propuesta bajo el argumento de «homologación federal», el análisis técnico revela una serie de cambios que blindarían la información financiera y operativa de su administración.
Puntos críticos de la reforma
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS) identificó 20 puntos de preocupación que vulneran el derecho al acceso a la información:
- Reserva de gastos: El Ejecutivo podría reservar comprobantes fiscales y recibos que sustenten el ejercicio del gasto público.
- Ampliación de causales de reserva: Se incluyen conceptos ambiguos como «estabilidad financiera» y «estudios del Estado» para negar información.
- Opacidad en partidos y sindicatos: La iniciativa elimina la obligación de transparentar contratos, montos de financiamiento, listas de aportantes y remuneraciones de dirigentes.
- Plazos y procesos: El tiempo de respuesta a solicitudes aumentaría de 10 a 20 días y se eliminaría el Consejo Consultivo, eliminando la participación ciudadana.
Reacción de la sociedad civil
Organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Coparmex y Sabuesos Guerreras han calificado la propuesta como regresiva. El Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa también señaló la falta de independencia que tendría el organismo garante bajo este nuevo esquema.
“Estos cambios generan riesgos de regresividad y menor control ciudadano sobre el poder público”, advirtió la ReCIAS.
Contexto político y acusaciones
La iniciativa fue presentada el 16 de abril de 2026 y procesada con inusual rapidez en el Congreso. Sin embargo, el proceso de dictaminación parece haberse ralentizado tras la acusación del gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya y sus colaboradores por presuntos nexos con el narcotráfico.
Entre los señalados destaca Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quien ha sido cuestionado por el manejo de préstamos por 4,500 millones de pesos que no han sido transparentados. Actualmente, tanto Rocha Moya como sus principales colaboradores, Enrique Inzunza y Díaz Vega, no han realizado apariciones públicas desde que se dio a conocer el expediente de la Fiscalía de Nueva York.