El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en lo que significó el primer encuentro presencial de alto nivel entre ambas administraciones durante este año.
Tras concluir la sesión de trabajo, el funcionario del gobierno de Donald Trump anunció que se lograron acuerdos clave sobre las prioridades de la Casa Blanca, destacando el compromiso de duplicar y fortalecer las capacidades operativas de México para combatir a los grupos catalogados por Washington como “narcoterroristas”, además de robustecer los controles de seguridad en la frontera común.
“Hemos logrado una seguridad fronteriza histórica en Estados Unidos. Las alianzas sólidas y la coordinación continua son clave para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, afirmó Mullin a través de sus plataformas oficiales.
El trasfondo: La sombra del «expediente Sinaloa»
La visita oficial de la delegación estadounidense se desarrolló bajo un clima de marcada expectativa y tensión institucional, derivado de la acusación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública en contra de una decena de servidores públicos y políticos del estado de Sinaloa.
El expediente de las fiscalías norteamericanas vincula de forma directa a destacados militantes de Morena con facciones criminales del Cártel de Sinaloa, de manera específica con el grupo delictivo conocido como «Los Chapitos». Entre los perfiles bajo investigación formal resaltan:
- Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde con licencia de la capital, Culiacán.
- Enrique Inzunza Cázares: Senador de la República por dicha entidad.
Entrega de exfuncionarios y postura consular
El impacto del caso escaló de manera significativa luego de que la semana pasada se confirmara que Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa) y Enrique Díaz Vega (exsecretario de Finanzas estatal) se trasladaron a Nueva York para entregarse de forma voluntaria ante los tribunales federales que los requieren.
A pesar de que las acusaciones de conspiración para el narcotráfico y posesión de armas de fuego dominan la agenda pública en ambos lados de la frontera, la administración mexicana optó por no centrar el diálogo técnico en dichos expedientes.
Por su parte, en sus ruedas de prensa matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que los excolaboradores de Rocha Moya que enfrentan el proceso judicial en Estados Unidos no han solicitado hasta el momento ningún tipo de asistencia o intermediación de la red consular mexicana.