La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la investigación que involucra al gobierno de Chihuahua no obedece a un asunto de índole política ni a un intento de «fabricar un delito» en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. La mandataria federal precisó que el caso deriva exclusivamente de una indagatoria formal de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la intervención ilegal de agentes de la CIA en la sierra Tarahumara.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el gobierno de Chihuahua tiene la obligación institucional de dar una explicación sobre los hechos. Detalló que, de acuerdo con los requerimientos de la FGR, a la gobernadora Campos se le convocó formalmente para que rinda su versión sobre la presencia de dos ciudadanos extranjeros en el operativo donde se desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.
Límites a la operación de agencias extranjeras
La titular del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que las corporaciones de inteligencia y seguridad internacionales tienen prohibido realizar actividades operativas directas en territorio nacional. Subrayó que esta postura ya fue comunicada formalmente al gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en México.
La postura fijada por la presidencia de la República estableció los siguientes criterios normativos:
- Prohibición legal: Los agentes extranjeros no pueden operar en tierra ni realizar actividades fuera del marco de la ley y la Constitución mexicana.
- Alcance de la cooperación: La coordinación bilateral en materia de seguridad no debe significar, bajo ninguna circunstancia, la violación de la legislación local.
- Soberanía alimentaria y operativa: La mandataria rechazó que su postura signifique estar en contra del combate al narcotráfico, recordando que en lo que va de su gestión se han destruido más de 2 mil 350 laboratorios clandestinos.
Paralelismo con Sinaloa y defensa del Estado de derecho
La presidenta trazó un paralelismo entre el caso de Chihuahua y la situación que enfrenta el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es investigado tras los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Sheinbaum Pardo argumentó que ambos expedientes representan un tema de soberanía nacional y defensa del Estado de derecho, advirtiendo que en periodos electorales en Estados Unidos se suele utilizar a Méxicocomo un elemento de debate político. Sostuvo que el gobierno federal actuará con la misma rigidez institucional sin importar el partido político del funcionario involucrado, concluyendo que las autoridades judiciales mexicanas tienen el derecho y la obligación de dudar ante acusaciones externas si no se presentan pruebas contundentes basadas en las leyes de México.