La licenciada Domitila, representante legal del corporativo jurídico afectado, denunció públicamente una presunta persecución política, atropellos a los derechos humanos y violaciones al debido proceso cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Los hechos ocurrieron durante un operativo sin orden judicial en un predio particular que alberga un salón de fiestas y una pensión de caballos.
Origen del conflicto: Irregularidades en convenios municipales
De acuerdo con la defensa, el trasfondo de la situación jurídica del inmueble se remonta a la administración del exalcalde de Corregidora, Mauricio Kuri. En ese periodo, los propietarios legítimos del terreno firmaron un convenio con el municipio para la regularización de licencias y permisos comerciales a cambio de la donación de una vialidad.
Sin embargo, el gobierno municipal tomó posesión de dos vialidades en lugar de una, mediante escrituras formalizadas por el entonces secretario del ayuntamiento y actual notario, Samuel Cárdenas Palacios. Los afectados sostienen que el propietario nunca firmó ni autorizó la cesión de la segunda calle, lo que constituye un incumplimiento del acuerdo original y una afectación directa a su patrimonio.
Irrupción policiaca y detención arbitraria
El conflicto escaló el pasado viernes cuando decenas de elementos armados y patrullas de la policía de Corregidora ingresaron a la propiedad privada sin presentar órdenes de cateo ni mandamientos judiciales escritos. Ante la alerta de los dueños, las abogadas Domitila y María de los Ángeles se presentaron en el sitio para identificarse como representantes legales y solicitar el sustento jurídico del despliegue, recibiendo evasivas por parte de los oficiales.
Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado se sumó al operativo. Según el testimonio, mandos de la corporación ordenaron mediante claves de radio la retención y el traslado de las dos abogadas, de la propietaria del inmueble y de su hija. Las cuatro mujeres fueron esposadas y subidas a unidades policiales bajo argumentos contradictorios que variaban desde supuesta obstrucción de la justicia hasta señalamientos infundados de agresiones o delitos graves.
Denuncia de violaciones a derechos humanos y campaña de desprestigio
La litigante informó que tras ser detenidas, las patrullas realizaron paradas injustificadas antes de ponerlas a disposición de las autoridades. Las ciudadanas fueron trasladadas inicialmente a la Fiscalía número 5 y posteriormente remitidas a la Fiscalía número 8, periodo en el cual se les negó el derecho a comunicarse con sus familiares, el acceso a agua y a alimentos, recibiendo un trato propio de criminales.
La defensa legal hizo responsable directamente al actual presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trapala, por la falta de capacitación de sus elementos policiacos en materia de derechos humanos y la omisión de los protocolos de actuación. La abogada afirmó que el caso penal se encuentra en etapa de investigación, pero anticipó que demostrarán la inexistencia de delitos y que la intervención respondió a una campaña de persecución política derivada de sus constantes denuncias públicas sobre actos de corrupción en el municipio.