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Presidenta de la Comisión de Vigilancia defiende revisión de cuentas públicas y rechaza conflicto de interés por contratos

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La diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado de Querétaro aseguró que el proceso de dictaminación de las cuentas públicas se encuentra dentro de los plazos legales, estimando su presentación ante el pleno del Congreso local para el mes de mayo. La legisladora desestimó los señalamientos de retraso institucional y defendió la validez del criterio de clasificar como «no revisadas» aquellas cuentas que incumplen con las directrices normativas de fiscalización vigentes en la entidad.

Criterios de revisión frente a la ESFE y deslinde de impunidad

La presidenta argumentó que la decisión de catalogar ciertas cuentas públicas como no revisadas obedece estrictamente a que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) omitió el cumplimiento de los 14 puntos obligatorios que estipula la Ley de Fiscalización Superior. Sostuvo que esta determinación representa un acto de control político y legislativo sobre el desempeño del organismo auditor y no un mecanismo que genere impunidad para los entes fiscalizados.

Aclaró que el procedimiento legislativo que encabeza la comisión corre por una vía independiente a los procesos jurídicos sancionatorios. Por ello, precisó que cualquier servidor público o municipio que presente irregularidades o observaciones financieras por parte de la ESFE continuará sujeto a los procedimientos de responsabilidad administrativa o penales correspondientes, sin que el dictamen del Congreso interfiera con las facultades de las autoridades investigadoras.

Postura sobre contratos comerciales y registro de proveedores

Ante los cuestionamientos sobre su aparición como proveedora activa en los registros de la ESFE durante el ejercicio 2023, así como la existencia de contratos adjudicados a su nombre desde el municipio de Chiapa de Corzo, la diputada rechazó que su actividad empresarial comprometa sus funciones legislativas. Afirmó que sus operaciones comerciales como persona física y a través de su empresa se extienden a múltiples municipios y estados del país, desvinculando dichos ingresos del trabajo de dictaminación de la cuenta pública 2024.

La legisladora remitió la consulta de los montos, contratos y conceptos de sus servicios a las plataformas oficiales de acceso a la información pública, argumentando que su estatus de proveedora es transparente y legal. Aseguró que el enfoque principal de la Comisión de Vigilancia se mantiene en auditar de manera rigurosa la metodología aplicada por la ESFE y garantizar que las observaciones financieras sigan el curso legal conducente sin criterios selectivos.

Continuidad en la comisión ante acusaciones de uso político

La diputada negó categóricamente las acusaciones de la oposición que señalan un presunto «secuestro» de la Comisión de Vigilancia o el uso de la fiscalización como una herramienta de presión política. Afirmó que su desempeño al frente de este órgano, así como en la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Comercio, se conduce de manera pública y bajo los principios de transparencia parlamentaria de la legislatura.

Finalmente, descartó la posibilidad de solicitar licencia o separarse de la presidencia de la comisión, respaldada por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que avala su permanencia para la revisión de los ejercicios fiscales de los próximos años. Atribuyó los señalamientos en su contra a distractores mediáticos que buscan desviar la atención de la tarea central de la comisión, la cual definió como la exhibición pública de las deficiencias operativas y técnicas de la entidad superior de fiscalización:

  • Vigencia del mandato: El acuerdo de la Jucopo faculta la continuidad de la presidencia para los periodos de revisión 2024, 2025 y 2026.
  • Armonización legislativa: Señaló que el Congreso local arrastra rezagos históricos en la adecuación de diversas leyes, por lo que el calendario de la comisión no es una excepción fuera de la norma.
  • Fiscalización transparente: Insistió en que el rol de los diputados es evaluar el apego normativo de la ESFE y no validar revisiones omisas.

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