Por primera vez en más de 200 años de historia del Estado mexicano, se ha puesto en marcha una convocatoria oficial para construir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando el inicio de un proceso de consulta que involucra a 69 pueblos originarios y a la población afrodescendiente.
Este proyecto busca saldar una deuda histórica y se fundamenta en la reforma al Artículo 2 Constitucional aprobada en septiembre de 2024. El proceso impactará directamente a más de 16 mil comunidades y cerca de 8 millones de habitantes, lo que representa el 20.5% de la población del país.
Objetivos principales de la iniciativa
El propósito central es reconocer legalmente a estas comunidades como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio para que puedan ejercer su autonomía real. El proyecto se estructura en ocho libros, destacando los siguientes pilares:
- Autonomía integral: Reconocimiento de la libre determinación a niveles comunitario, municipal y regional.
- Derechos fundamentales: Enfoque especial en mujeres, niñez, adolescencia y juventud, garantizando su acceso a la tierra y una vida libre de violencia.
- Combate al racismo: Normas específicas para proteger los derechos del pueblo afromexicano.
- Consentimiento obligatorio: Establecimiento de un marco legal estricto para la consulta previa, libre e informada.
- Innovación jurídica: Creación del juicio de amparo indígena y afromexicano para blindar de manera legal los derechos colectivos.
Etapas de la consulta nacional
La consulta ciudadana y comunitaria se organizará en cinco fases consecutivas entre los meses de julio y octubre:
- Convocatoria oficial: Publicada el 29 de junio.
- Etapa informativa (1 de julio al 6 de agosto): Difusión masiva del proyecto en las más de 16 mil localidades.
- Etapa deliberativa (7 de agosto al 13 de septiembre): Realización de 82 asambleas regionales y 7 mesas de trabajo en ciudades estratégicas como Tijuana, La Paz, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Acapulco y San Pedro.
- Estudio y adecuación (21 de septiembre al 11 de octubre): Integración de las propuestas y comentarios de las comunidades al texto final del proyecto.
- Presentación formal (12 de octubre): Entrega de la iniciativa final a la Cámara de Diputados en el marco del Día de la Resistencia de los Pueblos para comenzar su proceso de aprobación.
Este esfuerzo cuenta con la participación de 35 dependencias federales, un comité técnico paritario y la observación activa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto a organismos internacionales como la ONU.