Durante el desarrollo de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México formalizará la presentación de una serie de denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y diversas fiscalías estatales. La intervención jurídica responde al fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense bajo condiciones que sugieren vulneraciones a las garantías individuales, contemplando de forma prioritaria el homicidio reciente de Lorenzo Salgado Araujo en la ciudad de Houston, Texas, evento que permanece bajo indagatoria por corporaciones locales y agencias de la federación americana.
Como parte del despliegue diplomático oficial, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo una comunicación directa con el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson. En dicho encuentro conceptual se notificó formalmente el alcance de los recursos legales promovidos por el Estado mexicano y se transmitió la preocupación institucional en torno a los procedimientos de aseguramiento ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con especial énfasis en los reportes de maltrato físico y omisión de cuidados al interior de los centros de confinamiento migratorio.
Convocatoria a la unidad política y estado de la relación bilateral
La titular del Ejecutivo Federal emitió un pronunciamiento dirigido al Congreso de la Unión y a los integrantes de la Comisión Permanente con el objetivo de estructurar una postura de Estado unificada. Sheinbaum Pardo exhortó a las dirigencias de todos los partidos políticos nacionales a emitir solicitudes de información formalizadas y a manifestar un rechazo categórico a las prácticas lesivas contra la comunidad mexicana en el extranjero, argumentando que la protección de la soberanía ciudadana trasciende las agendas particulares del gobierno en turno.
La mandataria precisó que los recursos interpuestos ante las fiscalías estadounidenses y los organismos de carácter internacional no implican una alteración negativa o un resquebrajamiento en el orden de las relaciones bilaterales con la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con la postura del Ejecutivo, el ejercicio de las facultades de defensa consular representa una obligación jurídica inalienable de cualquier Estado soberano y no busca propiciar confrontaciones políticas, sino el estricto cumplimiento de los tratados de derechos humanos en los ámbitos comercial, migratorio y de seguridad compartida.
Las variables principales del conflicto jurídico-diplomático y las acciones institucionales del gobierno federal se presentan a continuación:
| Vector de la Acción Diplomática | Casos Críticos e Instancias Involucradas | Objetivos del Posicionamiento de Estado |
| Litigio Jurisdiccional | Denuncias formales ante el Departamento de Justicia de EE. UU. y fiscalías de los estados. | Esclarecimiento de la muerte de 17 connacionales y del homicidio de Lorenzo Salgado en Houston. |
| Supervisión de Operativos | Exigencia de revisión a los protocolos de detención aplicados por los agentes del ICE. | Mitigar las violaciones recurrentes a los derechos humanos dentro de las estaciones migratorias. |
| Política Exterior | Coordinación bilateral entre el canciller Roberto Velasco y el embajador Ronald Johnson. | Mantener la estabilidad comercial y de seguridad sin omitir la defensa legal de los ciudadanos. |
| Frente Legislativo Interno | Llamado de unidad a la Comisión Permanente y a las bancadas de todos los partidos políticos. | Emitir extrañamientos internacionales unificados y requerimientos formales de información jurídica. |