El exembajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió de forma abrupta e indefinida la interlocución directa con la legación diplomática de Washington tras la captura del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada el 25 de julio de 2024. De acuerdo con el testimonio del exdiplomático, la misma noche del suceso y durante los días subsecuentes se promovieron cuatro requerimientos de contacto formal, los cuales incluyeron un comunicado conjunto con el fiscal general estadounidense Merrick Garland, llamadas de urgencia y misivas oficiales remitidas tanto a la oficina presidencial como al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Los informes estadounidenses enfatizaban la postura oficial de la Casa Blanca de no haber planificado, financiado ni ejecutado operativamente la movilización aérea de la aeronave Beechcraft King Air 200 en la que fue trasladado el líder del Cártel de Sinaloa a territorio de Nuevo México. A pesar de los ofrecimientos formales para inspeccionar las evidencias físicas y el fuselaje del avión en el aeropuerto de Doña Ana, las autoridades federales mexicanas optaron por el mutismo institucional, lo que en palabras de Salazar significó el cierre definitivo de los canales de acceso y cooperación estrecha de alto nivel que caracterizaron los años previos de la relación bilateral.
Cuestionamientos de soberanía y el impacto en la administración actual
La filtración de estos procedimientos diplomáticos y la publicación de los pormenores en el libro del exembajador han suscitado posicionamientos críticos por parte del actual gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante sus intervenciones matutinas, la jefa del Ejecutivo Federal y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuestionaron la veracidad de las afirmaciones del exrepresentante estadounidense, demandando el esclarecimiento de las inconsistencias relativas a la donación institucional de la aeronave a un museo y sugiriendo la posibilidad de una incursión encubierta por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que transgredería los acuerdos bilaterales de seguridad.
La Presidencia de la República instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con las carpetas de investigación correspondientes a fin de deslindar responsabilidades legales, salvaguardando el principio de inmunidad diplomática que ampara al exfuncionario. Adicionalmente, el debate ha incorporado elementos de preocupación en los sectores corporativos del país respecto a los alcances de las declaraciones ministeriales que Zambada García pudiese realizar ante las cortes federales de los Estados Unidos en torno a presuntos nexos de la clase política con organizaciones criminales.
Los puntos críticos del diferendo de seguridad y el estatus de las investigaciones institucionales se resumen de la siguiente manera:
| Eje de la Disputa | Postura y Acciones de EE. UU. | Réplica y Acciones del Gobierno Mexicano |
| Coordinación Operativa | Emisión de 4 notificaciones formales deslindando responsabilidad directa sobre el piloto y el vuelo. | Ignorancia total de los oficios por la administración de AMLO y congelamiento de las citas bilaterales. |
| Evidencias Físicas | Exhibición y posterior donación con fines históricos del avión Beechcraft King Air 200 en Nuevo México. | Exigencia de Claudia Sheinbaum para determinar si el exembajador incurrió en falsedades deliberadas. |
| Marco Jurídico | Declaraciones informales del embajador sobre versiones empresariales de supuestos vínculos políticos. | Apertura de indagatorias de la FGR ante una probable operación secreta e ilegal de agencias extranjeras en el país. |