El cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada García, fue sentenciado a cadena perpetua por el juez Brian Cogan en la corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn. Además de la pena privativa de la libertad, el juzgador le impuso un decomiso financiero por 15 mil millones de dólares, monto acordado previamente tras su declaración de culpabilidad por delitos vinculados al tráfico internacional de cocaína y fentanilo.
Previo a la lectura del dictamen, el capo de 76 años leyó un escrito en español donde ofreció disculpas a las víctimas afectadas por sus operaciones delictivas e hizo un llamado para que cese la violencia en territorio mexicano.
Advertencia de la DEA a cárteles y servidores públicos
A la salida de la audiencia, el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, ofreció una rueda de prensa en la que fijó la postura de la institución tras la resolución judicial:
- Alcance de la sentencia: Cole enfatizó que el fallo no marca el cierre de las investigaciones, señalando que «esta sentencia no es el final. Es apenas el principio» para las fuerzas del orden estadounidenses.
- Mensaje a funcionarios: El titular del organismo advirtió directamente a los servidores públicos que colaboran con el crimen organizado, declarando que la persecución legal aplicará de igual forma «ya sea que seas un narcotraficante o un funcionario corrupto de gobierno».
- Estrategia financiera: Se ratificó que las agencias federales continuarán coordinándose para desmantelar estructuras globales, bloquear flujos de dinero ilícito y confiscar activos provenientes del narcotráfico.
El rol de la corrupción en la estructura del Cártel de Sinaloa
Durante el proceso penal, los fiscales del Departamento de Justicia expusieron en la carta de recomendación de sentencia que el uso sistemático de sobornos, intimidación e influencias políticas fue el pilar fundamental que permitió a Zambada García evadir a las autoridades en México y el extranjero durante décadas.
El ingreso de Zambada a prisión perpetua ocurre casi dos años después de su arresto en Estados Unidos, operativo que aún mantiene fricciones diplomáticas entre los gobiernos de México y la administración estadounidense. El Buró Federal de Prisiones (BOP) determinará en los próximos días el centro penitenciario de máxima seguridad donde el imputado cumplirá su condena.