Ante la difusión de información sobre el presunto bloqueo automático de cuentas o imposición de sanciones por el uso de frases en broma en los conceptos de transferencias electrónicas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió precisiones sobre el marco legal aplicable. La institución aclaró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con un catálogo vinculante de palabras prohibidas, sino que la supervisión responde a las obligaciones de las instituciones financieras para prevenir ilícitos.
Los controles bancarios se fundamentan en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estas normativas obligan a los bancos a detectar y reportar «operaciones inusuales» ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En ese contexto, el uso de términos vinculados con actividades ilegales puede activar alertas internas en las entidades bancarias y motivar revisiones o bloqueos preventivos de las cuentas.
Monitoreo, sistema SPEI y facultades de la autoridad fiscal
De acuerdo con las regulaciones del Banco de México (Banxico) para el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el campo de concepto es de libre redacción informativa y no está sujeto a censura lingüística automática. Sin embargo, cuando la autoridad fiscal ejerce facultades de comprobación, su atención se centra en la congruencia entre los ingresos declarados y los movimientos financieros de los contribuyentes.
| Elemento evaluado | Criterio de revisión | Impacto regulatorio |
| Depósitos en efectivo | Montos superiores a 15 mil pesos mensuales por institución | Reporte obligatorio de los bancos al SAT |
| Concepto de transferencia | Texto descriptivo emitido por el usuario | Indicador secundario de alerta bancaria interna |
| Discrepancia fiscal | Incongruencia entre ingresos y gastos declarados | Posible requerimiento mediante el Buzón Tributario |
En caso de recibir una notificación o requerimiento de información, los contribuyentes pueden desvirtuar cualquier presunción de la autoridad mediante estados de cuenta, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), contratos o registros contables que respalden el origen y la naturaleza de los recursos.