La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera categórica que exista una persecución política en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, luego de las recientes detenciones de colaboradores y personas cercanas a su entorno. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria precisó que las acciones judiciales no provienen de una consigna del gobierno federal, sino de investigaciones conducidas por la Fiscalía General del Estado de Campeche por la presunta comisión de delitos del orden común.
Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo se dan en el marco de la detención de Luis Antonio Espinosa Campos, contador vinculado a la familia del legislador priísta, y de Carlos Alberto Medina Hernández, quien fuera director de Comunicación Social durante la gestión de Moreno como gobernador de Campeche. Al respecto de la situación legal del dirigente y su condición de legislador, la presidenta indicó que corresponderá de manera exclusiva al Congreso de la Unión determinar si procede un eventual proceso de desafuero en caso de que sea requerido por las autoridades ministeriales.
Asimismo, Sheinbaum Pardo ironizó y minimizó la denuncia que el líder de la oposición presentó en Estados Unidos ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez—. La presidenta calificó como un despropósito el pedir la revocación de visas a funcionarios electorales mexicanos ante una instancia extranjera, señalando que dichas acciones muestran el nivel actual de la dirigencia del partido tricolor.
Puntos clave de la declaración de la mandataria
- Origen de las investigaciones: La presidenta aclaró que los procesos penales por presunto desvío de recursos y delitos afines son del ámbito de la fiscalía estatal de Campeche y no de la Fiscalía General de la República (FGR).
- Definición sobre el fuero: La decisión de retirar o mantener la inmunidad procesal de Alejandro Moreno Cárdenas recae únicamente en la Cámara de Diputados.
- Crítica a las denuncias en el exterior: Calificó de inviable e improcedente recurrir a instituciones del gobierno de Estados Unidos para intervenir en decisiones de organismos autónomos locales como el INE.