La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará una consulta nacional dirigida a las y los docentes del país para evaluar la regulación y el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de los planteles de educación básica. El titular de la dependencia, Mario Delgado, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informaron durante la conferencia matutina que el ejercicio de consulta se llevará a cabo los días 24 y 25 de agosto en el marco del Consejo Técnico Intensivo previo al inicio del ciclo escolar.
Alcance de la consulta y diagnóstico nacional
El proceso convocará a más de un millón de maestros en más de 200 mil centros educativos de todo el país. La iniciativa busca articular una postura nacional a partir de la experiencia docente y el contacto directo con madres y padres de familia. Actualmente, 16 entidades federativas ya cuentan con normativas locales para limitar o regular el uso de pantallas en las aulas, por lo que el gobierno federal prevé homologar los criterios en todo el territorio nacional.
La presidenta Sheinbaum precisó que el debate abordará no solo la restricción del celular en el aula, sino la prevención de riesgos asociados como el acceso a contenidos inapropiados, el acoso digital, el contacto con adultos no autorizados y los problemas de salud mental —tales como ansiedad y depresión infantil— derivados de algoritmos diseñados para generar adicción.
Enfoque participativo y debate sobre plataformas digitales
El Ejecutivo federal enfatizó que la regulación no se impondrá mediante un decreto gubernamental unidireccional, sino que se promoverá una discusión amplia entre la sociedad, partidos políticos, familias y la propia población adolescente. Se planteó la necesidad de concientizar sobre el impacto del uso excesivo de pantallas e instar a una revisión del funcionamiento de las plataformas digitales para garantizar un entorno seguro para los menores.
Asimismo, la mandataria reconoció la complejidad técnica que implica prohibir de forma absoluta el acceso a redes sociales en adolescentes debido a las dificultades para verificar la edad real de los usuarios en internet, descartando medidas punitivas o restrictivas que puedan interpretarse como censura a la libertad de información.