La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó formalmente la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo Federal que busca establecer de forma obligatoria que todo aspirante a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México posea únicamente la nacionalidad mexicana. La propuesta, dada a conocer durante la conferencia matutina de este 27 de agosto de 2026, estipula que cualquier persona que ostente otra ciudadanía deberá tramitar su renuncia formal a ella de manera previa a su inscripción como candidata o candidato ante las autoridades electorales.
Puntos clave de la propuesta de modificación constitucional
La iniciativa enviada al Congreso de la Unión modifica el marco normativo para blindar el interés superior del Estado mexicano en el ejercicio del Poder Ejecutivo, aclarando lagunas legales vigentes en el texto constitucional e involucrando directamente en el procedimiento al Instituto Nacional Electoral (INE) mediante adecuaciones paralelas a la Ley de Nacionalidad.
- Exclusividad de nacionalidad y renuncia previa: Solo podrán competir por los cargos ejecutivos quienes ostenten únicamente la ciudadanía mexicana por nacimiento. En caso de poseer una segunda nacionalidad, la renuncia formal deberá ser concretada antes de solicitar el registro de la candidatura.
- Prohibiciones y sanciones durante el mandato: Los funcionarios electos no podrán solicitar ni adquirir una segunda nacionalidad durante el ejercicio de su gestión, ni invocar protección diplomática de un gobierno extranjero. Cualquier infracción a este precepto derivará en sanciones constitucionales conforme al Título Cuarto de la Carta Magna.
- Permanencia en territorio nacional: Se reafirma el criterio de exigir una residencia mínima continuada en el país de al menos 20 años para quien aspire a encabezar el Ejecutivo Federal.