La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la modificación de la medida cautelar que permitió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejar el penal de máxima seguridad del Altiplano para cumplir prisión domiciliaria no detiene ni modifica el curso de su proceso penal por presunto huachicol fiscal y delincuencia organizada. La institución precisó que la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega otorgó el beneficio atendiendo únicamente a los alegatos de la defensa sobre la edad y el estado de salud del imputado.
Contundencia de las pruebas y la medida cautelar de prisión preventiva
A través de un comunicado oficial, la representación social de la Federación enfatizó que la investigación cuenta con elementos probatorios sólidos para sostener la acusación en los tribunales:
- Sustento del proceso: La FGR subrayó que el expediente contiene dictámenes periciales, testimoniales y análisis financieros que demuestran un comportamiento atípico en el perfil fiscal de las empresas involucradas.
- Naturaleza del delito: La dependencia recordó que la Constitución Política establece la medida de prisión preventiva de oficio para los delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada, señalando que la reubicación a prisión domiciliaria responde a un criterio humanitario y no a una desestimación de los cargos.
Operatoria de la empresa INGEMAR y origen de la investigación
Las indagatorias que derivaron en la vinculación a proceso del exmandatario se sustentan en la reconstrucción de la cadena logística de contrabando de combustible a través de la empresa INGEMAR S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel figura como accionista y Secretario del Consejo de Administración desde 2021:
- Punto de partida: La investigación se detonó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, detectando posteriormente unidades con el mismo esquema de importación en San Luis Potosí y Nuevo León.
- Mecanismo de evasión: La red declaraba únicamente el 10% del combustible transportado en cada embarque procedente de Estados Unidos.
- Estructura corporativa: La fiscalía acreditó que la empresa amplió su objeto social para el manejo, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, generando un daño patrimonial estimado en 4 mil millones de pesos a las finanzas públicas.