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Claudia Sheinbaum justifica el traslado terrestre de Ernesto Ruffo tras viaje de 40 horas a Ensenada

La presidenta afirmó que el traslado por carretera del exgobernador desde el Altiplano respondió estrictamente a una orden judicial.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la decisión de trasladar por vía terrestre al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano hasta su residencia en Ensenada. Durante su conferencia de prensa matutina de este 28 de septiembre, la mandataria reconoció que se trató de un trayecto sumamente largo de aproximadamente 40 horas por carretera, pero aclaró que la logística respondió al cumplimiento estricto de una determinación emitida por el juez de la causa, contando además con la conformidad de la defensa legal del imputado.

Acatamiento judicial y postura del Gobierno Federal

La titular del Ejecutivo detalló que al ser informada sobre las condiciones del operativo instruyó a su gabinete de seguridad a precisar las razones de no haber realizado el viaje por vía aérea:

  • Cumplimiento de protocolos: Sheinbaum señaló que sus colaboradores le informaron que el traslado por carretera es el procedimiento normativo habitual determinado por la autoridad judicial en este tipo de casos, salvo que exista una situación de riesgo adicional identificada por las instituciones de seguridad.
  • Información complementaria: La mandataria indicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecer mayores detalles técnicos sobre el operativo, reiterando que la actuación de los elementos de resguardo se apegó al mandato de la ley.

Cambio de medida cautelar y situación legal de Ruffo

El arribo de Ruffo Appel a su domicilio en Ensenada marca el inicio del cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria otorgada por un juez federal tras permanecer 72 días recluido en el penal mexiquense. La modificación de la medida cautelar se fundamentó en su edad avanzada de 74 años y en sus condiciones particulares de salud. Sin embargo, el exmandatario continúa formalmente vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, por lo que permanecerá bajo la custodia constante de la Guardia Nacional y sujeto a restricciones legales estrictas mientras avanzan las investigaciones del caso.

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