Este 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, México mantiene una deuda histórica con las mujeres y personas gestantes al no garantizar este servicio de salud en todo el territorio nacional. A dos años del inicio de la presente administración federal y pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023 que declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo a nivel federal, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reporta la existencia de al menos 466 carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito de aborto en el país, evidencia de que la persecución penal continúa vigente en diversas entidades.
Mapeo legislativo y disparidad de plazos en los estados
El acceso a la interrupción legal del embarazo en las 24 entidades donde está despenalizado opera bajo esquemas normativos dispares que condicionan la atención médica y limitan la autonomía de las mujeres:
- Estados que mantienen la penalización: Las legislaciones locales de Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala continúan sancionando penalmente el procedimiento en sus códigos punitivos.
- Entidades con límite de 12 a 13.6 semanas: La mayoría de los estados con avances normativos, entre ellos la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz, fijan el tope en las 12 semanas de gestación, mientras que Sinaloa extiende el plazo hasta las 13.6 semanas.
- Despenalización por vía judicial o sin tope temporal: En Chihuahua, Coahuila, Colima e Hidalgo, los cambios legales se ejecutaron mediante resoluciones judiciales o reformas a leyes locales de salud sin fijar un límite de semanas en esos términos.
- Retrocesos en la temporalidad: Colectivas como Mujeres Vivas, Mujeres Libres señalan alertas en estados como Aguascalientes, donde se redujo el plazo permitido a solo seis semanas de gestación, obstaculizando la atención médica oportuna.
Desafíos pendientes en la Ciudad de México y resoluciones judiciales
A dos décadas de que la Ciudad de México se convirtiera en la entidad pionera en despenalizar el procedimiento, organizaciones feministas advierten que aún está pendiente la eliminación total del aborto del Código Penal capitalino, iniciativa presentada en 2024 que sigue sin ser dictaminada en el Congreso local. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación continúa invalidando normativas estatales que vulneran derechos humanos, como los proyectos en la SCJN para desechar leyes que protegen la vida desde la concepción en Tamaulipas, en tanto que instituciones de seguridad social como el IMSS han tenido que implementar guías técnicas para orientar y brindar el servicio en sus unidades médicas.