La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que crea la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con 299 votos a favor de la mayoría parlamentaria y 92 en contra de la oposición. La iniciativa, impulsada por la coalición oficialista, busca homologar la información catastral y de los Registros Públicos de la Propiedad en todo el país bajo el argumento de combatir el fraude inmobiliario, los despojos y la corrupción.
Entre sus principales innovaciones, la normativa establece la creación de una clave única catastral para cada inmueble en territorio nacional (equivalente a un CURP inmobiliario) para evitar la duplicidad de escrituras y expedientes patrimoniales. El dictamen fue remitido al Senado de la República para su posterior análisis y votación.
Argumentos de la bancada mayoritaria
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía, argumentó que la reforma no representa una centralización, sino un mecanismo de coordinación interinstitucional para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias mexicanas.
El legislador explicó que la integración de bases de datos permitirá detectar anomalías de manera oportuna y sancionar el incumplimiento de las autoridades conforme a las leyes administrativas vigentes. Asimismo, se aprobó una reserva para autorizar la colaboración de los gobiernos locales con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el intercambio de información geográfica y estadística.
Postura de la oposición y cuestionamientos clave
Los partidos de oposición (PAN y Movimiento Ciudadano) rechazaron el proyecto tras un debate de más de 16 horas, señalando que la medida vulnera el federalismo y abre la puerta a la vulneración de datos personales:
- Centralización tecnológica: Congresistas de Movimiento Ciudadano como Iraís Reyes y Gibrán Ramírez denunciaron que otorgar el diseño, administración y supervisión de las plataformas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones supera la simple homologación, vulnerando el artículo 115 constitucional referente a la autonomía municipal.
- Vigilancia e intervención estatal: La bancada del PAN advirtió que la concentración de información financiera, personal y geográfica en una sola agencia federal permite al gobierno central monitorear el patrimonio privado sin contrapesos institucionales.
- Impacto presupuestal: Diputados de oposición cuestionaron que la ley imponga obligaciones técnicas a estados y municipios sin asignar recursos federales adicionales, dejando el financiamiento a expensas de los presupuestos locales.