La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este miércoles en la Ciudad de México la constitucionalidad de las normas del Código Penal Federal que establecen sanciones de tres a cinco años de prisión para el personal médico que, por negligencia, provoque lesiones permanentes a un paciente. Por mayoría de votos, el Pleno aprobó el proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos González, mediante el cual se negó el amparo solicitado por un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vinculado a proceso por el delito de lesiones culposas, tras dos intervenciones quirúrgicas de columna realizadas en 2017 que dejaron a un ciudadano con una disminución permanente de la movilidad en su pierna derecha.
Alcances jurídicos de la resolución sobre el Código Penal Federal
El fallo constitucional ratifica la plena vigencia y aplicación de los artículos 291 y 60, segundo párrafo, del Código Penal Federal, utilizados por la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder penalmente contra el especialista tras acreditar mediante dictámenes periciales que no se observaron los cuidados exigidos por la lex artis médica durante la colocación y posterior reubicación de tornillos transpediculares. En su resolución, el máximo tribunal puntualizó que la responsabilidad penal no se configura por el ejercicio ordinario de la profesión ni por los riesgos inherentes a una intervención quirúrgica compleja, sino exclusivamente cuando se demuestra la producción de un daño permanente atribuible a una conducta culposa o falta de deber de cuidado.
Validez de los protocolos clínicos y libertad de trabajo
Durante el litigio, la defensa del neurocirujano argumentó que la norma impugnada carece de taxatividad al no detallar cada posible error quirúrgico y sostuvo que el uso del derecho penal vulneraba su garantía constitucional a la libertad de trabajo. No obstante, los ministros determinaron que la legislación penal no está obligada a catalogar de manera exhaustiva cada falla médica, precisando que los protocolos clínicos funcionan como parámetros técnicos objetivos para evaluar la diligencia profesional sin que ello signifique crear delitos por vía administrativa o inhibir el desempeño legítimo de los trabajadores de la salud.
Protección a pacientes y precedentes en responsabilidad sanitaria
Con esta determinación, la Suprema Corte consolida un precedente clave en materia de derecho sanitario y acceso a la justicia para las víctimas de mala praxis hospitalaria, un tema que se suma a nuestra cobertura previa sobre resoluciones judiciales y derechos de los usuarios en el sistema público de salud. El criterio aprobado equilibra la seguridad jurídica de los profesionales médicos frente a complicaciones inevitables, al tiempo que garantiza mecanismos punitivos efectivos cuando la impericia o el descuido generan secuelas físicas irreversibles en los pacientes.