El exgobernador de Baja California y actual Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, rechazó de manera categórica las acusaciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien lo señaló de haberle tendido una «trampa» al coordinar reuniones con supuestos intermediarios estadounidenses para grabar sus conversaciones.
A través de un comunicado oficial emitido por el PT, Bonilla calificó como «ilógico» que la mandataria recurriera a él para resolver un asunto tan sensible como la revocación de su visa, considerando que ella misma lo ha catalogado públicamente como su «peor enemigo» y ha promovido procesos políticos y penales en su contra desde el inicio de la actual administración estatal.
Cuestionamientos a las versiones de la gobernadora
Jaime Bonilla señaló que la gobernadora atraviesa por un estado de «pánico» provocado por supuestas investigaciones que autoridades de los Estados Unidos estarían realizando en su contra por presunto narcoterrorismo. Asimismo, emplazó a la mandataria estatal a responder públicamente una serie de cuestionamientos sobre el origen de los encuentros en el extranjero:
- Logística de traslado: Aclarar quiénes y bajo qué esquemas facilitaron su traslado e ingreso a territorio estadounidense sin contar con una visa vigente.
- Reuniones de alto nivel: Explicar bajo qué circunstancias y mediante qué intermediarios logró participar en una mesa plenaria donde presuntamente intervinieron agencias de seguridad coordinadas por el Departamento de Justicia de EE. UU.
- Información de seguridad: Detallar ante las autoridades federales de México, específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, si estuvo dispuesta a compartir información sensible emanada de las mesas de seguridad nacional a cambio de resolver su situación migratoria o de obtener impunidad.
Vinculación con el escenario político de Baja California
El exmandatario atribuyó las declaraciones de Ávila Olmeda a un intento de desviar la atención pública ante lo que describió como un «derrumbe político» de su administración, motivado por la pérdida de liderazgo con las estructuras de Morena y el incremento de los índices de inseguridad en el estado.
Bonilla vinculó directamente la confrontación con el proceso electoral local, asegurando que la gobernadora se muestra nerviosa ante el posicionamiento de Monserrat Caballero como perfil del Partido del Trabajo para competir por la gubernatura de Baja California, lo que representaría una fractura en el control político que actualmente ejerce la administración estatal en turno. Finalmente, el comisionado del PT anunció que sostendrá mesas de trabajo con sus asesores legales para determinar las medidas jurídicas necesarias con el fin de salvaguardar su integridad y reputación ante los señalamientos de la mandataria.