Juan Manuel Cuellar, ciudadano afectado por la desarrolladora Grupo Beta, denunció en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Querétaro un esquema de fraude inmobiliario que afecta a decenas de compradores en la zona metropolitana de Querétaro y municipios aledaños, a través de proyectos como Boca de Mina en El Refugio, La Antigua y una casa de retiro proyectada rumbo a Peña de Bernal.
El denunciante relató que la firma, cuyos representantes legales son Mauricio Andrés Fernández Buendía y su esposa Paulina Pérez, capta enganches que van del 10% hasta el 50% del valor total de las propiedades. En su caso particular, entregó 1.2 millones de pesos por un departamento en obra negra dentro del desarrollo Boca de Mina en El Refugio, con la promesa de entrega a un año. Tras tres años de retrasos y un convenio de rescisión no cumplido, la empresa no ha devuelto los recursos ni entregado el inmueble.
Reventas sobre obra negra y financiamiento cruzado
Cuellar precisó que, a diferencia de otros fraudes inmobiliarios basados en terrenos en breña, Grupo Beta comercializa inmuebles que muestran un avance físico en edificación —como el edificio de 42 departamentos en El Refugio—, lo que genera confianza inicial en los inversionistas.
- Uso cruzado de capital: Se presume que la desarrolladora captó ingresos de los compradores de Boca de Mina para financiar otros proyectos de la misma firma, como La Antigua.
- Venta sobre venta: Durante las comisiones con autoridades estatales, se señaló que los departamentos en obra negra continúan ofreciéndose a través de vendedores que, bajo engaño, siguen colocando inmuebles previamente pagados por otros clientes.
- Presencia comercial activa: Pese a los incumplimientos, la empresa opera con oficinas físicas ubicadas en Uptown Juriquilla y mantiene activas sus estrategias de venta a través de redes sociales y portales web.
Coordinación con el Gobierno del Estado y el Poder Judicial
Tras asistir a una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno del Estado, el afectado informó que las autoridades han identificado a tres grandes empresas desarrolladoras que operan bajo dinámicas similares en la entidad.
Ante este panorama, las víctimas han decidido estructurar una demanda colectiva que agrupe los expedientes en lugar de recurrir únicamente a litigios individuales. Asimismo, se acordó una reunión de seguimiento institucional para el próximo martes a las 10:00 horas en Palacio de Gobierno, con la participación de diversas secretarías estatales y representantes del Poder Judicial, con el objetivo de abordar la problemática de forma integral y frenar la venta de desarrollos irregulares en la entidad.