Claudia Manilla, representante y vocera del colectivo de ciudadanos defraudados por desarrolladoras inmobiliarias en la entidad, se pronunció a las afueras del Palacio de Gobierno de Querétaro para denunciar la conformación de una red de irregularidades —denominada por los afectados como un «cártel inmobiliario»— que impacta a más de 12 fraccionamientos distribuidos en diversos municipios del estado.
La activista señaló que el problema central radica en el esquema de preventa de lotes de terreno, comercializados mediante campañas masivas en espectaculares y redes sociales desde los años 2017 a 2019. Explicó que las empresas capta el capital de familias de clase media sin contar con licencias de lotificación, factibilidades hidráulicas o ambientales, dejando las obras inconclusas o en total abandono sin que la autoridad municipal o estatal haya ejercido facultades de clausura.
Mapa de afectaciones por municipio y desarrolladores señalados
Manilla precisó que, aunque se han detectado irregularidades en Querétaro, El Marqués, Colón y Corregidora, la mayor concentración de desarrollos problemáticos se localiza en el municipio de Huimilpan.
- El Roble Residencial (Colón): Proyecto promovido por José Luis Ñáñez Piña (mismo representante legal de El Encino Country Club y Quercus), estimado como uno de los más grandes con la venta de aproximadamente mil lotes sin infraestructura ni garantías de entrega.
- Huimilpan: Concentra la mayor densidad de proyectos señalados, incluyendo Real de los Cues, Campestre del Lago Residencial, El Encino Country Club y la sección ampliada Quercus.
- El Marqués y Querétaro: Involucra desarrollos como Valle del Cimatario en El Marqués y el megaproyecto Tierra Noble Juriquilla en la capital.
Exigencias al Poder Judicial, alcaldías y Fiscalía del Estado
Respecto a la actuación de los ayuntamientos, Manilla cuestionó la respuesta del presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales, indicando que las autoridades locales califican la problemática como un «conflicto entre particulares» y evaden su responsabilidad inspectora. Asimismo, criticó que en el desarrollo Quercus se aceptara una fianza de tan solo 11 millones de pesos, monto insuficiente para completar la infraestructura básica (como transformadores eléctricos) cuyo costo supera dicha cifra.
Por otra parte, hizo un llamado directo al Magistrado Presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra, para revisar el actuar de los jueces de control. Recordó el caso del juez Óscar Mancilla (hoy jubilado), quien dejó en libertad a Pedro N. Garfias (implicado en Campestre del Lago Residencial) a pesar de la existencia de múltiples carpetas de investigación vigentes. Finalmente, aunque reconoció que en las últimas tres semanas la Fiscalía General del Estado ha mantenido un trato cordial y reuniones de trabajo, enfatizó que los afectados no buscan atención mediática sino resultados concretos, vinculaciones a proceso y la restitución de su patrimonio.