El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, la cual impone estrictas obligaciones de vigilancia a los bancos y entidades crediticias. Esta medida amenaza con impactar de manera directa el flujo de remesas que los trabajadores migrantes envían mensualmente hacia México.
El documento oficial, emitido el 19 de mayo de 2026, no utiliza explícitamente el término «remesas», pero sus lineamientos regulatorios se dirigen con claridad a fiscalizar los movimientos de fondos transfronterizos de bajo monto, las plataformas de pago entre particulares (peer-to-peer) y los depósitos repetitivos que coincidan con los ciclos de nómina laborales.
La directriz instruye al Departamento del Tesoro a emitir un aviso formal en un plazo de 60 días para reforzar los programas de identificación de clientes. Bajo este nuevo esquema, las instituciones financieras estarán facultadas para solicitar información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes cuando detecten señales de actividad considerada sospechosa o patrones de «estructuración» de dinero.
El ITIN bajo la lupa de las autoridades financieras
Uno de los apartados más críticos del decreto firmado por Donald Trump señala directamente al Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN). Este documento es utilizado habitualmente por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias internacionales en territorio estadounidense.
La orden presidencial estipula que el uso del ITIN puede ser catalogado por los bancos como un factor de riesgo que amerite una «diligencia debida reforzada». En la práctica, esto faculta a las ventanillas bancarias y procesadores de pago a exigir documentación adicional, dilatar los envíos o rechazar las transacciones de aquellos usuarios que no cuenten con una estancia legal regularizada.
Impacto económico y restricciones al crédito
México se posiciona actualmente como el tercer receptor de remesas a nivel mundial. Durante el año 2025, el Banco de México reportó un ingreso histórico superior a los 64 mil millones de dólares por este concepto, teniendo como origen principal el mercado laboral de Estados Unidos.
Aunado a las trabas para el envío de dinero en efectivo y digital, el mandato federal obliga a reguladores como la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) a emitir guías específicas en los próximos dos meses. Estas nuevas reglas buscarán endurecer la gestión de riesgos crediticios para la población migrante que no posea autorización de trabajo, lo que restringirá el acceso a préstamos personales y créditos hipotecarios para la comunidad mexicana.