La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, lanzó una contundente advertencia dirigida a la clase política de México y Estados Unidos: la administración encabezada por Donald Trump retirará el visado estadounidense a cualquier funcionario sobre el cual exista sospecha de colaboración o financiamiento con organizaciones del crimen organizado. Las declaraciones de la zarina antidrogas surgen en medio de un escenario donde figuras públicas de la política mexicana han sufrido la cancelación de este documento migratorio de manera reciente.
Respaldan a Sheinbaum pero exigen mayor presupuesto contra los cárteles
Durante una entrevista televisiva, la funcionaria reconoció los esfuerzos desplegados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la neutralización del crimen organizado, destacando las bajas operativas de las Fuerzas Armadas mexicanas registradas en febrero durante el operativo donde cayó el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. No obstante, subrayó que el gobierno estadounidense espera un incremento sustancial en el presupuesto destinado al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional para ampliar el combate frontal hacia todas las estructuras delictivas del hemisferio.
Alerta por precursores y drogas sintéticas más potentes
La responsable de la estrategia antidrogas alertó sobre la proliferación de análogos sintéticos como el carfentanilo y fluorofentanilo, sustancias con un poder destructivo exponencialmente mayor al fentanilo convencional. De acuerdo con los reportes de la Casa Blanca, los insumos químicos arriban desde China e India por vía marítima hacia puertos mexicanos, donde son transformados en laboratorios clandestinos antes de ser traficados hacia la frontera norte.
Panorama de visados cancelados en la política mexicana
El endurecimiento de las medidas migratorias coincide con casos de alto impacto en México, como la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como las acusaciones y solicitudes de extradición que pesan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al respecto, el Ejecutivo federal mexicano ha sostenido que las cancelaciones responden a criterios estrictamente políticos y ha pedido a las autoridades estadounidenses presentar las pruebas correspondientes ante las instancias judiciales.