La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), anunciada para formalizarse este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, se consolidó tras la acumulación de hallazgos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual confirmó pesquisas sobre presuntas irregularidades en contratos por un monto superior a los 514 millones de pesos. El expediente señala una red de adjudicaciones a firmas vinculadas al contratista José Alfredo Hernández Casillas, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf.
Entramado de contrataciones y triangulación de fondos
De acuerdo con las indagatorias administrativas y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Corporativo Zeg habría obtenido contratos por 184 millones de pesos a pesar de contar con solo cinco empleados registrados, para posteriormente transferir 167 millones de pesos a empresas filiales. El esquema de contrataciones se remonta a gestiones previas de Guadalupe Taddei Zavala en el órgano electoral de Sonora y se replicó en el INE con nombramientos clave, como el de Jesús Octavio García González —exrepresentante legal de las empresas señaladas— al frente de la Dirección de Administración del instituto.
Señalamientos por nóminas irregulares, bienes y viajes
A la investigación por adjudicaciones directas —como la de 197 millones de pesos para material de la elección judicial— se sumaron auditorías del Órgano Interno de Control sobre el pago de 6.2 millones de pesos a trabajadores sin comprobación documental de labores, así como señalamientos por el uso de personal de nómina en labores personales y el uso de un vehículo blindado no registrado en la flota oficial. La crisis escaló tras la difusión de registros audiovisuales que exhibieron la cercanía del proveedor con la funcionaria y viajes de familiares a Francia.
Vía legislativa y proceso de sustitución institucional
Pese a que la exfuncionaria calificó inicialmente los señalamientos como un golpeteo político y descartó su salida durante reuniones con el Consejo General, la presión ejercida desde el Congreso de la Unión —donde legisladores de Morena contemplaron formalizar un juicio político— precipitó el anuncio de su dimisión. Tras la entrega formal del documento en San Lázaro, la Cámara de Diputados deberá activar el procedimiento constitucional para nombrar una presidencia provisional y convocar al proceso de selección del perfil sustituto.