La regidora del municipio de Querétaro por Movimiento Ciudadano, Paulina Aguado, denunció la desincorporación y venta exprés de 12 áreas de amortiguamiento y equipamiento urbano aprobada durante la última sesión de Cabildo. La funcionaria señaló que este paquete de predios —que legalmente corresponden al 10% de donación obligatoria que realizan los desarrolladores inmobiliarios para la creación de infraestructura comunitaria— fue enajenado por un monto total de 235.5 millones de pesos, convirtiendo reservas territoriales públicas en propiedad privada.
Localización y dimensiones de las áreas desincorporadas
Los inmuebles subastados se concentran principalmente en zonas residenciales de reciente creación y ejes de expansión habitacional, áreas que actualmente presentan un déficit en infraestructura deportiva, cultural y recreativa de alto nivel. El desglose técnico de las superficies sacrificadas incluye los siguientes puntos:
- Zona Norte y Santa Rosa Jáuregui: Se privatizó la Parcela E en Santa Rosa Jáuregui (3,432 metros cuadrados) y una superficie en la Parcela Ejido San Miguel Carrillo de 14,035 metros cuadrados.
- Corredor Boulevard Peñaflor: Concentró el mayor impacto con cuatro predios enajenados: Misión de Carrillo 2 (7,768 metros cuadrados), Real del Monte en La Colonia (13,145 metros cuadrados), y dos terrenos en los desarrollos habitacionales y comerciales de Ciudad del Sol de 2,794 y 3,905 metros cuadrados, respectivamente.
- Avenida del Parque y Prolongación: Fraccionamiento Puertas de San Miguel con un lote de 11,487 metros cuadrados y otro predio en Avenida del Bosque del mismo desarrollo con 7,564 metros cuadrados.
- Zona Metropolitana Oriente y Centro-Norte: Un terreno en Avenida La Cantera en Ciudad del Sol (4,951 metros cuadrados), un lote en el Anillo Vial Fray Junípero Serra en La Purísima (1,124 metros cuadrados), una reserva en El Salitre (2,000 metros cuadrados) y un predio en el Desarrollo Centro Norte (2,608 metros cuadrados).
Opacidad en subastas y afectación directa a la plusvalía ciudadana
La regidora acusó que los procedimientos de subasta y los padrones de compradores se han mantenido bajo un esquema de opacidad y reserva de información, bloqueando el acceso a las actas que clarifican los mecanismos de asignación comercial. Advirtió que esta medida representa una afectación directa al patrimonio y a la plusvalía de las familias que adquirieron viviendas bajo la promesa de colindar con futuros parques o centros polideportivos institucionales.
Aguado vinculó este fenómeno con el abandono del espacio público, argumentando que las macro-colonias de la periferia carecen de pulmones urbanos y se limitan a proyectos habitacionales masivos con equipamientos marginales en camellones. Sostuvo que despojar a las comunidades de estas reservas territoriales con la justificación de que se encuentran en desuso constituye una estrategia de planeación inmobiliaria que prioriza la comercialización de la tierra sobre los derechos ciudadanos.
Destino de los recursos: Gasto corriente y opacidad presupuestal
Al evaluar la justificación financiera del dictamen, la representante de Movimiento Ciudadano criticó que los 235.5 millones de pesos recaudados no serán etiquetados para obra pública de impacto a largo plazo, sino para cubrir presuntos déficits en gasto operativo y administrativo. El acuerdo del Ayuntamiento establece que el capital se destinará al mantenimiento de vehículos, la compra de gasolina «y otros servicios» de carácter general:
- Deficiencia de planeación: Se cuestionó que estos insumos automotrices y operativos debieron quedar cubiertos rigurosamente en el presupuesto de egresos aprobado en diciembre pasado, ya que los activos vehiculares del municipio son métricas predecibles.
- Reacción ante emergencias: La regidora acusó que la administración mantiene una política de improvisación que atiende contingencias urgentes —como las inundaciones del Dren Peñuelas o las plagas del Querétaro 2000— en lugar de consolidar un gasto eficiente a mediano y largo plazo.
Finalmente, la funcionaria lamentó que Querétaro se posicione como una de las ciudades más caras del país y con mayor recaudación fiscal, sin que esa solidez en las arcas públicas se traduzca en una protección estricta del patrimonio verde y territorial de la ciudadanía.