La regidora del municipio de Márquez, Leilani Ordóñez, manifestó su rechazo y preocupación ante la forma en que el Cabildo aprobó la adición de obras públicas financiadas con recursos federales correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMON). La funcionaria subrayó que, si bien el programa anual de obra pública con recursos estrictamente municipales fue votado el pasado 20 de abril, la integración de los fondos federales se sometió a votación siete meses después del inicio del ejercicio fiscal de este año 2026.
De acuerdo con la regidora, el monto aprobado asciende a un total de 55 millones 943 mil 754 pesos destinados principalmente a tres obras de infraestructura, sumado a una partida de FORTAMON por 7 millones 140 mil pesos. Ordóñez calificó esta situación como una muestra de escasa planeación por parte del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), contradiciendo el discurso oficial de la administración local que acusa de forma recurrente una supuesta falta de asignación de recursos por parte de la Federación.
Asimismo, la regidora detectó una discrepancia financiera que asciende a más de seis millones de pesos:
- Presupuesto asignado originalmente: El Presupuesto de Egresos contemplaba una partida total de 62 millones de pesos etiquetados para el fondo FAISMUN.
- Monto aplicado en la adición: El proyecto de obra pública presentado y aprobado en la última sesión de Cabildo solo ejerce 55 millones de pesos.
- Recurso remanente sin justificación: Existen más de 6 millones de pesos federales que permanecen retenidos en las cuentas públicas sin que el COPLADEM o la Secretaría de Finanzas hayan desglosado su destino, reglas de operación o los proyectos específicos en los que se ejecutarán.
Irregularidades normativas: Omisión en la plataforma MIDS y falta de anexos técnicos
El núcleo del voto en contra emitido por Leilani Ordóñez radica en la presunta ilegalidad y los vicios administrativos que acompañan la aprobación de estos proyectos. La normatividad federal estipula que cada una de las obras ejecutadas con recursos de estos fondos debe ser registrada de forma obligatoria en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), una plataforma digital controlada por la Secretaría de Bienestar a nivel federal que valida la viabilidad y el impacto social de la infraestructura.
| Concepto de Obra Dictaminado | Ubicación / Cobertura | Estatus de Registro en la Plataforma MIDS | Riesgo Administrativo Detectado |
| Ampliación de Red de Drenaje Sanitario | Cabecera municipal (La Cañada) y dos delegaciones. | Sin registro vigente ni validación de la Secretaría de Bienestar. | Riesgo de subejercicio y obligación de reintegrar los fondos a la Tesorería de la Federación. |
| Ampliación de Sistema de Alcantarillado | Zonas prioritarias del municipio de Márquez. | Sin asignación de folio técnico en la matriz federal. | Ejecución de obra pública sin supervisión de impacto ambiental o social. |
| Construcción de Comedor de la Secretaría | Secretaría de Seguridad Pública Municipal. | Documentación omitida en las carpetas de los regidores. | Aprobación de proyectos sin planos, metas físicas ni costos unitarios transparentes. |
La regidora denunció que el cuerpo colegiado votó a favor del punto sin contar con los anexos correspondientes, los vistos buenos de las dependencias federales ni los expedientes técnicos elementales. Advirtió que aprobar proyectos «al ahí se va» en plena temporada de lluvias, enfocando la infraestructura de drenaje y alcantarillado bajo criterios de improvisación, pone en riesgo la efectividad de las obras y el patrimonio de los habitantes de La Cañada y las delegaciones afectadas.
Crítica a la gobernanza local y exigencia de auditorías físicas
Ordóñez lamentó la postura del presidente municipal y del resto de los integrantes del Cabildo, quienes aprobaron el dictamen en bloque sin realizar observaciones, debates ni solicitar el retiro del punto del orden del día para una revisión detallada en comisiones. Aseveró que el ayuntamiento está utilizando los recursos federales como «relleno» presupuestal ante la falta de una visión técnica y de largo plazo en la administración del territorio.
Ante la falta de claridad sobre si las obras se encuentran en proceso de ejecución, concluidas o únicamente proyectadas en papel, la funcionaria anunció que realizará recorridos de verificación física en cada una de las ubicaciones señaladas en el dictamen para constatar la existencia real de los frentes de trabajo y las metas físicas reportadas. Finalmente, hizo un llamado a los órganos de fiscalización interna y estatal para auditar estos recursos, enfatizando que los regidores tienen la responsabilidad legal de salvaguardar el erario y no pueden avalar la asignación de millones de pesos sin un sustento documental que garantice la transparencia y la legalidad del gasto público.