El diputado Arturo Maximiliano García ofreció una reflexión en torno a la evolución de los derechos de las audiencias, el derecho de réplica y la creciente delgada línea entre la libertad de expresión, la información objetiva y la opinión editorializada dentro de los medios de comunicación y plataformas digitales.
García explicó que el marco normativo actual, cuyos antecedentes se remontan a la reforma de telecomunicaciones de 2013 y a pronunciamientos judiciales de 2017, busca garantizar que el público pueda distinguir con claridad entre hechos comprobables, opiniones personales y contenidos publicitarios. Destacó que el derecho de réplica constituye una herramienta accesible y fundamentada para que cualquier persona que sea aludida con falsedad o malicia pueda aclarar los hechos en igualdad de condiciones en el mismo espacio y horario.
El desafío de las redes sociales, la inteligencia artificial y el uso de recursos públicos
Al abordar el ámbito de las redes sociales y el fenómeno del linchamiento digital o «funa», el legislador advirtió sobre la urgencia de discutir regulaciones que protejan los derechos de terceros y la dignidad de las personas sin incurrir en censura previa. Asimismo, hizo énfasis en los riesgos que representa la inteligencia artificial para la suplantación de identidad, la generación de desinformación y la alteración de evidencias visuales o auditivas, lo cual plantea retos complejos para las autoridades legislativas y la justicia cibernética.
Por otro lado, el diputado condenó el uso de campañas grises o negras orientadas a construir falsas percepciones o denostar adversarios políticos. Enfatizó que incurrir en este tipo de estrategias con el financiamiento de fondos o funcionarios públicos constituye una falta grave que debe tipificarse penalmente. Finalmente, sostuvo que la sobreexposición en plataformas digitales no reemplaza el trabajo territorial ni la realidad que vive la ciudadanía, advirtiendo que los políticos que priorizan la percepción sobre los resultados tangibles terminan enfrentando un fuerte impacto en los procesos electorales.