Organizaciones civiles e integrantes del movimiento Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaroexigieron a la administración municipal de Cadereyta la activación formal del mecanismo de diálogo ciudadano. El objetivo central de esta iniciativa es obligar al ayuntamiento a iniciar los trámites y estudios técnicos necesarios para consolidar la zona de Cerro Grande como reserva natural protegida, un proyecto cercano a la cabecera municipal que busca frenar el deterioro ambiental en la región.
La negativa municipal y las posibles vías legales
En entrevista, César Zafra explicó que la Ley de Participación Ciudadana de Querétaro obliga a los gobiernos locales a escuchar y dar respuesta por escrito a las demandas sociales formalmente presentadas. A pesar de que la alcaldesa de Cadereyta mostró disposición durante su campaña para impulsar esta área natural, la autoridad municipal ha rechazado activar el procedimiento bajo el argumento de que ya existen jornadas de atención ciudadana e interpretando de forma restrictiva la representatividad de los solicitantes.
Ante la falta de un reglamento local de participación ciudadana y la postura del ayuntamiento, los promoventes advirtieron que existe un plazo límite hasta octubre —antes del inicio del proceso electoral— para concretar el trámite. De mantener el rechazo, las organizaciones civiles contemplan interponer recursos de amparo y presentar una queja por violencia institucional ante la Defensoría Estatal de Derechos Humanos por la presunta vulneración de los derechos humanos colectivos y ambientales de la población.