El legislador local por Morena, Sinuhe Piedragil, informó que el Ejecutivo estatal tiene como límite el 30 de noviembre para presentar al Congreso la propuesta de Ley de Ingresos y el paquete hacendario, mientras que los 18 municipios deben entregar sus leyes de ingresos en la misma fecha. El Congreso tiene hasta el 15 de diciembre para dictaminar y votar los documentos en pleno.
De acuerdo con el diputado, ya se han realizado reuniones preliminares con el secretario de Finanzas para conocer los lineamientos generales del paquete económico, aunque aún existen ajustes en materia de ingresos. Señaló que la fracción ha solicitado información detallada sobre programas transversales, entre ellos “Contigo”, que involucra a diversas dependencias y cuyo gasto no ha sido desglosado con precisión.
Piedragil destacó que una de las prioridades será revisar el recurso destinado a los municipios, en especial aquellos ubicados en la sierra y el semidesierto, así como vigilar que las actualizaciones del impuesto predial no superen la inflación proyectada. También subrayó la necesidad de transparentar el uso de partidas clasificadas como ayudas sociales, debido a su amplitud y a que en ellas se concentran diversos tipos de apoyos.
El legislador señaló que, con la nueva mayoría legislativa, el proceso ha cambiado respecto a años anteriores, pues ahora los municipios deben justificar las tablas de valores y explicar su alineación con los planes de desarrollo urbano. Afirmó que antes el Poder Legislativo funcionaba como un receptor automático de documentos, sin análisis ni discusión de fondo.
Sobre la posición de la fracción de Morena, explicó que se enfocará en tres líneas: evitar incrementos en derechos o impuestos que afecten la economía de la población; exigir mayor transparencia en programas y ayudas sociales; y fortalecer financieramente a los municipios sin distinción partidista.
El diputado también señaló diferencias en el reparto de recursos, como el caso del municipio de El Marqués, cuyo presupuesto de obra —dijo— pasó de cerca de 100 millones de pesos en administraciones anteriores a 20 millones en el actual periodo. Indicó que estas variaciones requieren una revisión objetiva.
En cuanto al gasto corriente, Piedragil consideró necesaria una revisión del clasificador de gastos para evitar erogaciones en rubros como viáticos, viajes y representación. Apuntó que es indispensable transitar hacia una política de austeridad que ordene estos conceptos y evite su uso para fines ajenos a la función pública.
El legislador dijo que será hasta que el Ejecutivo entregue formalmente el paquete económico cuando podrá verificarse si la información adelantada por la Secretaría de Finanzas coincide con la propuesta final.