Bernardo expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y exconsejero de la Comisión Nacional, cuestionó la forma en que el gobierno municipal está implementando el denominado Plan Orden, particularmente en lo relacionado con el comercio en vía pública en el Centro Histórico.
Romero señaló que regular el comercio ambulante no debe traducirse en la expulsión o agresión de personas indígenas que históricamente han desarrollado actividades comerciales en el espacio público. Recordó que Querétaro ha sido, por siglos, una zona de intercambio y tianguis, por lo que consideró que el ordenamiento debe partir del reconocimiento de estas prácticas y no de su erradicación.
Asimismo, afirmó que el discurso de “rescatar el Centro Histórico” ha sido aplicado de manera selectiva, al permitir la ocupación de portales y calles por restaurantes y establecimientos privados, mientras se restringe la presencia de comerciantes tradicionales. En ese sentido, sostuvo que las normas actuales parecen orientadas a proteger intereses económicos antes que a garantizar el uso equitativo del espacio público.
También advirtió que este modelo contribuye a procesos de gentrificación que desplazan a habitantes de zonas centrales, al priorizar actividades comerciales sobre el derecho a vivir en entornos habitables. Señaló que estas decisiones afectan directamente la vida cotidiana de quienes residen en el centro de la ciudad.
Finalmente, Romero subrayó que las políticas públicas deben explicarse con claridad y construirse con diálogo, tanto en el manejo del espacio urbano como en otros temas que implican derechos colectivos, al considerar que la falta de información y participación incrementa el malestar social.