César Zafra, integrante del Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaro, advirtió que el actual sistema de multas a partidos políticos no genera consecuencias efectivas ni repara daños, ya que las sanciones se cubren con recursos públicos provenientes de las prerrogativas que reciben los propios institutos políticos.
En entrevista, Zafra explicó que las multas se imponen principalmente por el uso indebido de recursos, irregularidades en candidaturas, falta de vigilancia sobre aspirantes y el uso de imágenes de niñas y niños en propaganda política sin las medidas de protección correspondientes. Señaló que, pese a la recurrencia de estas infracciones, no existe una base de datos pública y transparente que permita conocer con precisión los conceptos y montos de las sanciones.
Indicó que para conocer esta información es necesario revisar sentencias de tribunales electorales, resoluciones de organismos electorales y notas periodísticas, ya que no hay un concentrado oficial que permita auditar de manera clara las multas aplicadas a los partidos.
Zafra detalló que, entre 2018 y 2025, a nivel federal, el PRI habría acumulado multas estimadas entre 650 y 750 millones de pesos; el PAN entre 550 y 650 millones; Morena entre 500 y 600 millones; el Partido Verde entre 300 y 350 millones; el PT entre 220 y 260 millones; Movimiento Ciudadano entre 200 y 240 millones, y el PRD entre 120 y 160 millones de pesos. Explicó que, aunque los partidos con mayor financiamiento concentran el mayor monto de sanciones, los partidos pequeños registran un mayor impacto porcentual respecto a sus prerrogativas.
En el ámbito local, señaló que en Querétaro el PAN habría perdido entre 4 y 5 por ciento de su financiamiento por multas; el PRI entre 6 y 8 por ciento; Morena entre 3 y 4 por ciento; el Partido Verde entre 6 y 7 por ciento; el PRD entre 8 y 10 por ciento; el PT entre 6 y 8 por ciento; Movimiento Ciudadano entre 4 y 6 por ciento, y Querétaro Seguro entre 10 y 15 por ciento.
El representante ciudadano subrayó que las sanciones se descuentan directamente del financiamiento público, por lo que no existe una responsabilidad personal para dirigencias o candidaturas que incurren en irregularidades. Añadió que este esquema permite que las infracciones se repitan sin consecuencias estructurales.
Finalmente, Zafra planteó la necesidad de crear un concentrado público anual de multas, implementar auditorías operativas además de contables, establecer responsabilidades patrimoniales para dirigencias en casos graves y reincidencias, y revisar la reducción o cancelación de financiamiento a partidos que incumplan de manera sistemática la normatividad electoral.