El diputado local Ulises Gómez expresó su preocupación por la creación de un consejo político impulsado por la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Claudia Díaz, al considerar que dicha decisión no fue consultada con los integrantes de la comisión y podría influir indebidamente en la dictaminación de las cuentas públicas.
Gómez subrayó que respeta el trabajo individual de cada legislador y la conformación de sus equipos de asesores; sin embargo, advirtió que un consejo de carácter político no debe hablar ni incidir a nombre de la Comisión de Vigilancia, cuya función —dijo— debe ser estrictamente técnica. “Lo que necesitamos es asesoría técnica, no decisiones políticas”, afirmó.
El legislador recordó que la Comisión de Vigilancia tiene la responsabilidad histórica de romper con el esquema de impunidad que, durante años, ha prevalecido en Querétaro en materia de fiscalización. En ese sentido, criticó el desempeño de la Entidad Superior de Fiscalización, al señalar que sus dictámenes suelen aprobar las cuentas públicas aun cuando presentan observaciones, sin que estas deriven en procedimientos administrativos o penales.
Como ejemplo, mencionó la cuenta pública del municipio de Querétaro, que maneja un presupuesto cercano a los 8 mil millones de pesos y que únicamente registra nueve observaciones, calificadas como menores. En contraste, citó el caso de Pinal de Amoles, con 29 observaciones sobre un presupuesto de aproximadamente 300 millones de pesos, lo que —dijo— evidencia inconsistencias en los criterios de auditoría.
Gómez también cuestionó que rubros relevantes no estén siendo auditados, como el gasto en diésel del transporte público, los contratos de publicidad de la Agencia de Movilidad y grandes obras como Paseo 5 de Febrero, donde las observaciones se limitan a montos reducidos frente al costo total del proyecto.
Ante este panorama, el diputado llamó a que, antes de crear consejos políticos o realizar “shows mediáticos”, la Comisión de Vigilancia sesione formalmente y cite a comparecer al auditor superior, al contralor del estado y al fiscal anticorrupción, con el fin de conocer la metodología utilizada en las auditorías, los criterios de muestreo y las consecuencias reales de las observaciones detectadas.
Finalmente, sostuvo que la prioridad debe ser presentar dictámenes sólidos, con rigor técnico y responsabilidad institucional, para que las cuentas públicas sean calificadas de manera objetiva por el pleno de la Legislatura, sin intereses políticos de por medio.