El diputado federal por Querétaro, Gilberto Herrera, afirmó que el conflicto social en el municipio de Peñamiller derivó de la falta de atención a diversas problemáticas locales, entre ellas la destitución de una delegada, la operación de un basurero en un ejido, la desaparición de un exalcalde y presuntos abusos policiales.
Durante una entrevista, el legislador sostuvo que la inconformidad de la población responde a “ausencias de un buen gobierno” y a la falta de diálogo por parte de la autoridad municipal. Señaló que habitantes de distintas comunidades se solidarizaron con estas demandas, lo que derivó en la toma de la presidencia municipal.
Herrera Ruiz indicó que la delegada de San Miguel Palmas habría sido removida de su cargo pese a resoluciones que ordenaban su reinstalación, mientras que el tema del basurero en la comunidad de Enramadas, dijo, ha sido reclamado por ejidatarios desde hace tiempo sin solución. Sobre la desaparición de un expresidente municipal de Agua Fría, consideró que corresponde a la fiscalía investigar, aunque apuntó que la autoridad municipal debe coadyuvar.
El diputado también mencionó reportes ciudadanos sobre presunto narcomenudeo y retenes irregulares, además de señalamientos de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiales. Añadió que buscaría presentar la información ante autoridades federales de seguridad para que se investigue la situación.
Respecto a la actuación del gobierno municipal, consideró que existían condiciones para instalar mesas de diálogo y evitar que el conflicto escalara. Asimismo, pidió a diputados locales revisar el caso ante la posibilidad de que se configuraran causales para solicitar la destitución de la presidenta municipal si no atendía a la población.
Herrera rechazó encabezar el movimiento y aseguró que acudió a la asamblea por invitación de los habitantes, a quienes ofreció acompañamiento institucional para que sus demandas fueran escuchadas. También llamó al gobierno estatal a intervenir mediante el diálogo para facilitar una solución.
Estas declaraciones fueron realizadas antes de que autoridades municipales y manifestantes instalaran mesas de diálogo y alcanzaran acuerdos el 10 de febrero, con lo que se dio por concluido el conflicto.