Querétaro, Qro. — La legislación actual en materia de género ha dejado «sesgos legales» que están siendo utilizados de forma perversa para fabricar denuncias falsas, saturando el sistema judicial y dejando a cientos de padres en total indefensión. Así lo advirtió Ángeles Silva, vicepresidenta del colectivo Equidad y Justicia, quien reveló que la organización ha documentado más de 300 casos de hombres que enfrentan discriminación institucional y bloqueos en su derecho a la paternidad.
En entrevista, la activista explicó que han detectado un patrón sistemático en los juzgados familiares: cuando un padre está a punto de lograr la custodia o recuperar el régimen de convivencias con sus hijos, inmediatamente le interponen una denuncia de carácter penal —usualmente por violencia familiar o abuso sexual— con el único objetivo de congelar el proceso civil.
«Hablar de equidad no es beneficiar a una parte causando el mal a la otra. La maldad, la mentira y el robo son condiciones humanas, no tienen género», sentenció Silva, al defender la propuesta de crear oficinas formales y especializadas para hombres dentro de la Fiscalía del Estado.
Discriminación en la Fiscalía 4
Silva detalló que la necesidad de estas oficinas especializadas nace del mal trato y la discriminación que los varones reciben en la Fiscalía 4 (especializada en delitos contra mujeres). Según los testimonios recabados, al acudir a denunciar o defenderse, el personal suele negarles la atención argumentando que «esa oficina no es para hombres».
Incluso, documentaron el caso de un padre al que se le negaba el derecho a denunciar el abuso sexual contra su pequeña hija porque el tutor compareciente era un varón.
Aclaró que no exigen una infraestructura costosa ni un edificio nuevo, sino la formalización de dos oficinas con personal capacitado y sensibilizado dentro de las instalaciones actuales para procesar estos casos con perspectiva de equidad real.
El negocio del «diagnóstico»: Señalamientos contra Corazones Mágicos
La denuncia más severa de la entrevista apuntó hacia el actuar de la asociación civil Corazones Mágicos, dirigida por María Fernanda Lazo. El colectivo asegura tener documentadas al menos 50 carpetas de investigación donde dicha asociación emite supuestos diagnósticos psicológicos que la Fiscalía adopta a ciegas para judicializar los casos y detener a los padres.
Silva denunció que estos procedimientos se realizan bajo alarmantes irregularidades:
- Falta de certificación: Los diagnósticos son elaborados por una psicóloga clínica, no por un perito oficial certificado en infancias.
- Revictimización excesiva: Someten a los menores a procesos de entre 8 y hasta 27 sesiones de entrevista con preguntas dirigidas, usando pruebas obsoletas para adultos y sin registro en videograbación.
- Interés económico: El colectivo acusa que la asociación concluye sus reportes exigiendo tratamientos obligatorios de hasta 180 sesiones que deben tomarse en sus propias instalaciones, fijando montos de «reparación del daño» que oscilan entre los 150 mil y 300 mil pesos.
«Las denuncias falsas dañan a las víctimas reales»
Finalmente, la vicepresidenta de Equidad y Justicia enfatizó que su lucha no es en contra de las mujeres ni del feminismo que busca proteger a víctimas reales. Al contrario, argumentó que las denuncias falsas desgastan los recursos económicos y humanos del Estado, provocando que el sistema colapse y brinde una pésima atención cuando llega una mujer que verdaderamente ha sufrido violencia.
Aunque reconoció que el Fiscal General del Estado ha mostrado apertura en mesas de trabajo para revisar estas «áreas de oportunidad», Silva hizo un llamado urgente a la sociedad y a los colectivos a abrirse al debate sin radicalismos para evitar una crisis social y emocional que termine destruyendo la infancia de los niños queretanos.
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