El presidente municipal de Corregidora, Josué «Chepe» Guerrero Trápala, presentó una iniciativa de reforma legal orientada a endurecer el sistema de justicia para adolescentes en el estado de Querétaro. La propuesta central busca que los menores de edad que incurran en delitos de alto impacto puedan ser procesados, juzgados y sentenciados bajo el marco penal aplicable para los adultos a partir de los 15 años.
El edil queretano argumentó que este planteamiento responde a una problemática urgente que aqueja a las familias a nivel nacional: el reclutamiento, manipulación y aprovechamiento de los sectores juveniles por parte de células del crimen organizado, quienes se valen de entornos vulnerables, falta de oportunidades y de la propia laxitud de las leyes de minoría de edad para evadir la acción de la justicia.
“Proponemos que los menores que cometan delitos graves como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro puedan ser juzgados como adultos a partir de los 15 años. Seguiremos los canales legales correspondientes para impulsar las modificaciones necesarias. Porque quien es capaz de atentar contra una vida también debe responder ante la ley. La edad no puede convertirse en sinónimo de impunidad”, subrayó Josué Guerrero.
El alcalde enfatizó que la delincuencia de alto impacto y la violencia generada no deben normalizarse, pues detrás de cada expediente penal existen comunidades profundamente lastimadas y jóvenes cuyas dinámicas destruyen su propio futuro.
Delitos contemplados en la iniciativa
La modificación legal impulsada desde el municipio de Corregidora se acotará estrictamente a conductas criminales consideradas graves y de alto impacto social, detallando las siguientes figuras delictivas:
- Homicidio doloso: Privación intencional de la vida.
- Feminicidio: Crímenes de odio basados en motivos de género.
- Violación: Delitos de índole y agresión sexual.
- Secuestro: Privación ilegal de la libertad con fines de extorsión o daño.
Enfoque en la prevención y reinserción social
Guerrero Trápala matizó que el proyecto no tiene como objetivo la criminalización sistemática de las juventudes ni la homologación automatizada de los menores con la población adulta en todos los rubros del derecho. El propósito, aseguró, radica en robustecer el abanico de capacidades operativas e institucionales del Estado y los municipios para dar respuestas proporcionales ante las expresiones más crudas de la delincuencia.
Como eje complementario a la medida punitiva, la propuesta contempla el robustecimiento integral de políticas públicas preventivas dentro del entorno municipal. El esquema incluye el diseño de programas reforzados de atención psicológica, acceso a la educación, capacitación laboral y acompañamiento continuo para los adolescentes en situación de riesgo, implementando herramientas de análisis que permitan evaluar el entorno familiar y social de cada individuo para frenar la reincidencia delictiva y reconstruir el tejido social.