El diputado local Ulises Gómez de la Rosa criticó el proceso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro, tras la entrega de la terna de aspirantes por parte del Poder Ejecutivo. El legislador calificó el procedimiento como una «simulación total» y argumentó que las reformas constitucionales aprobadas al cierre de la pasada legislatura fueron diseñadas para asegurar el nombramiento de un perfil afín a la administración estatal, desestimando la validez del debate parlamentario.
Ruptura del diálogo institucional con el Poder Ejecutivo
Gómez de la Rosa señaló un quebranto en los puentes de comunicación entre el Congreso local y el Gobierno del Estado, atribuyéndolo a las recientes declaraciones del secretario de Gobierno. Afirmó que el funcionario estatal adoptó una postura de vocero partidista en lugar de actuar como un mediador institucional, lo que extinguió el voto de confianza que el poder legislativo le había otorgado en diciembre pasado para resolver la crisis interna por el control de la Mesa Directiva.
El diputado cuestionó el momento político elegido para formalizar la entrega de las propuestas ante la Legislatura, manifestando que la terna carece de consenso o legitimidad entre las diversas fuerzas políticas. Sostuvo que la falta de un interlocutor válido en la Secretaría de Gobierno complica la construcción de acuerdos bilaterales y anticipa un proceso de votación ríspido y polarizado en el pleno del Congreso.
Objeciones técnicas a los perfiles de los aspirantes
Al evaluar el contenido de la propuesta enviada por el Ejecutivo, el legislador consideró que los perfiles presentados corresponden a empleados de bajo rango dentro de la estructura de las dependencias estatales, descartando incluso el término de «fiscales carnales» debido a su limitada trayectoria en la alta dirección pública. Afirmó que ninguno de los integrantes de la terna cuenta con experiencia comprobable en la integración de expedientes de investigación de alto impacto en contra de funcionarios públicos, municipios o entes paraestatales.
Gómez de la Rosa adelantó de forma particular que no participará en las mesas de trabajo ni en las comparecencias programadas para evaluar las trayectorias de los candidatos. Argumentó que los ejercicios de auscultación curricular dentro de las comisiones del Congreso servirán únicamente como una plataforma de validación política para la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional, por lo que sugirió omitir el gasto operativo de las pasarelas y proceder con la designación de forma directa.
El impacto de las reformas a la Ley de Fiscalización
El diputado vinculó las deficiencias del proceso de designación de la Fiscalía Anticorrupción con las problemáticas técnicas detectadas de manera simultánea en la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE). Sostuvo que ambos organismos corren el riesgo de convertirse en estructuras de simulación que protejan los intereses patrimoniales de las administraciones salientes en lugar de actuar como entes persecutores del delito:
- Mecanismo de designación forzada: La reforma constitucional previa faculta al Ejecutivo a concretar el nombramiento de forma automática si la propuesta es rechazada de manera sucesiva por el pleno del Congreso durante un periodo de 30 días.
- Ausencia de expedientes: Se criticó que las trayectorias de los postulantes se limitan al cumplimiento de tareas administrativas dentro de la burocracia estatal sin resultados sustantivos en materia de auditoría forense.
- Falta de legitimación: La oposición advirtió que el funcionario que resulte electo bajo este esquema carecerá del reconocimiento de los sectores civiles y políticos del estado.