La diputada local y presidenta de la Comisión de Salud, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, expuso los alcances del paquete legislativo orientado a tipificar la usurpación de funciones en el sector sanitario y regular las intervenciones quirúrgicas estéticas en la entidad. La legisladora enfatizó que las modificaciones contemplan un esquema de corresponsabilidad que abarca a establecimientos u hospitales que faciliten infraestructura o quirófanos a personal sin las credenciales o especializaciones requeridas.
En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y el Consejo de Arbitraje Médico, la comisión trabaja en el desarrollo de un padrón de profesionales certificados. Asimismo, se promueve una iniciativa para restringir las cirugías plásticas en menores de edad, supeditando cualquier procedimiento reconstructivo a una justificación médica y a una valoración psicológica previa.
Marco legal y corresponsabilidad sanitaria
La legisladora detalló los pilares normativos aplicados para frenar el ejercicio irregular de especialidades médicas:
- Sanciones y corresponsabilidad: Amparo legal para sancionar tanto a quienes ejerzan profesiones de la salud sin cédula especializada como a los recintos o clínicas que arrienden instalaciones sin verificar las acreditaciones correspondientes.
- Padrón de especialistas: Desarrollo de un registro oficial de médicos autorizados para realizar cirugías estéticas y reconstructivas en Querétaro con la finalidad de ofrecer certeza a los pacientes.
- Acreditación en especialidades: Tipificación de faltas e iatrogenias aplicable a diversas disciplinas, incluyendo odontología, optometría y fisioterapia.
Regulación de intervenciones estéticas en menores de edad
Respecto al proyecto legislativo enfocado en la población infantil y adolescente, la diputada puntualizó los siguientes criterios de control:
- Prohibición de cirugías estéticas: Restricción de procedimientos no funcionales en menores de edad, admitiendo únicamente intervenciones por razones de salud o malformaciones congénitas.
- Requisitos obligatorios: Exigencia de un dictamen médico justificativo, evaluación psicológica integral del menor y consentimiento formal firmado por los padres o tutores legalmente acreditados.
- Penalizaciones contempladas: Establecimiento de penas de tres meses a tres años de prisión, junto con sanciones económicas de hasta 200 días de multa para quienes incumplan la normativa.