Alberto Becerrín Martínez, habitante del municipio de Huimilpan, hizo pública su denuncia tras haber sido víctima junto a su familia de un presunto fraude financiero por parte de una caja de ahorro local. Tras comenzar a ahorrar desde principios de los años noventa y haber acumulado un patrimonio cercano a los 8 millones de pesos, el afectado intentó retirar sus fondos en 2019 para saldar la compra de un terreno; sin embargo, directivos de la entidad le negaron la entrega de su dinero argumentando falta de liquidez.
Ante la falta de respuesta por parte del gerente de la institución, Rigoberto Pacheco, y de los representantes vinculados a la administración financiera, la víctima interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. No obstante, las víctimas señalan graves omisiones y negligencia por parte de las autoridades ministeriales y del sistema judicial local, denunciando que las audiencias han sido diferidas de manera reiterada y que los involucrados han sido liberados o eximidos de responsabilidad bajo la justificación de falta de pruebas.
Negligencia institucional y demanda de reparación del daño
A pesar de haber recurrido a instancias en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, las familias afectadas continúan sin recuperar su patrimonio. Los defraudados cuestionan el actuar de los entes reguladores y gubernamentales por haber permitido que la caja de ahorro continuara operando y captando recursos de la ciudadanía hasta 2025, a pesar de la existencia de querellas legales previas por irregularidades financieras.
Los afectados exigen a las autoridades estatales y al gobernador el aseguramiento de los bienes y activos de la entidad y de los administradores señalados para garantizar la reparación del daño. Los ciudadanos enfatizan que los recursos arrebatados representan el trabajo de toda una vida, incluyendo ahorros de trabajadores migrantes y empleados locales, por lo que reiteran el llamado a frenar la impunidad en el caso.