María del Rosario Machuca Vargas, habitante del municipio de Huimilpan, alzó la voz para denunciar el quebranto financiero del que fue víctima por parte de la denominada Caja Independencia. La afectada detalló que durante años se privó de diversos bienes para reunir un patrimonio que superaba los 500 mil pesos, acumulados con el objetivo de garantizar una vejez digna a partir de los 80 años sin depender económicamente de sus familiares.
El fraude comenzó a materializarse cuando acudió a la sucursal para retirar fondos destinados a costear un procedimiento médico urgente. En la entidad, la ejecutiva Marta Patricia Botello Pérez y la gerencia eludieron de manera constante la entrega del dinero bajo el argumento de una falsa falta de liquidez. Con el paso de los días, los directivos suspendieron la atención, ignoraron las llamadas telefónicas de los ahorradores y cerraron las vías de comunicación, replicando el mismo patrón con cientos de socios de la demarcación y comunidades aledañas.
Promesas incumplidas y la urgencia de aplicar la ley
Frente a la pérdida de su patrimonio, la denunciante expuso que abordó directamente al gobernador Mauricio Kuri González durante su etapa de campaña para solicitar su intervención. Aunque inicialmente se asignó a un abogado de nombre Manuel Paz para recopilar la documentación y los pagarés de las víctimas, las asesorías legales se detuvieron sin ofrecer avances concretos ni acciones penales efectivas contra los administradores de la caja de ahorro.
La afectada señaló que la inacción institucional ha permitido que los responsables continúen en libertad y conserven bienes presuntamente adquiridos con los recursos de la población. Asimismo, lamentó la vulnerabilidad en la que se encuentran más de 200 familias afectadas, destacando que muchos socios eran adultos mayores que han fallecido en la impunidad sin haber recuperado los ahorros que reunieron con décadas de trabajo.