El legislador Sinuhé Piedragil advirtió sobre la persistencia de la especulación inmobiliaria y la proliferación de fraccionamientos irregulares en la zona metropolitana de Querétaro. Ante la reciente implementación del denominado «semáforo inmobiliario» por parte del gobierno municipal para identificar desarrollos con anomalías, el diputado enfatizó que la sola difusión de un catálogo informativo resulta insuficiente si la autoridad no ejerce de manera estricta sus facultades de sanción y clausura frente a las constructoras que comercializan viviendas fuera del marco legal.
Preventas sin permisos y esquema histórico de especulación
Durante décadas, diversas desarrolladoras han recurrido a esquemas de preventa habitacional sin contar previamente con las licencias de urbanización ni la documentación correspondiente otorgada por los municipios. Esta práctica ha sido utilizada por las empresas como un mecanismo de financiamiento a costa de los compradores. Piedragil ejemplificó la problemática mencionando desarrollos publicitados activamente en plataformas digitales y ubicados sobre arterias principales de la ciudad que no cuentan con avance físico en infraestructura ni con permisos en regla.
Asimismo, se señaló un patrón histórico de desarrollo donde la infraestructura pública precede a la regularización territorial. En vialidades estratégicas como el anillo vial Fray Junípero Serra, se construyeron magnas avenidas en zonas originalmente desérticas o agrícolas, anticipando la plusvalía de proyectos habitacionales privados. A esta dinámica se suman denuncias por despojo de tierras ejidales y abusos en la tenencia del suelo en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui y en municipios conurbados como Corregidora y Huimilpan.
Herramientas del Código Urbano y retos ante el crecimiento migratorio
Frente a la posibilidad de realizar reformas legislativas, el legislador precisó que la entidad ya cuenta con el marco jurídico necesario dentro del Código Urbano, por lo que el problema central reside en la falta de aplicación de la norma por parte de las autoridades municipales. Los ayuntamientos poseen las atribuciones legales para regular la oferta inmobiliaria, otorgar licencias y frenar el engaño comercial hacia los ciudadanos, evitando que los mecanismos de control se limiten a ejercicios de mera observación.
La urgencia de meter en orden al sector inmobiliario cobra relevancia ante los proyectos de conectividad en puerta, como el Tren México-Querétaro, el cual detonará una nueva ola migratoria y de movilidad territorial hacia el estado. El diputado subrayó la necesidad imperiosa de que los gobiernos locales actúen con rigor normativo para evitar que el crecimiento poblacional continúe impulsando esquemas irregulares que afecten la planeación urbana y el patrimonio de las familias queretanas.