La regidora del municipio de Querétaro por Morena, Rosy Corral, advirtió que la administración local incurre en la invisibilización y desatención del trabajo sexual, a pesar de que la Ley de Salud del Estado atribuye a los municipios la responsabilidad de delimitar zonas de tolerancia y regular esta actividad. En el marco normativo municipal, únicamente el artículo 30 del Reglamento de Justicia Cívica menciona la obligación del ayuntamiento de establecer estas áreas; sin embargo, en la práctica no existen zonas oficiales ni seguras para el ejercicio de esta labor.
La edil enfatizó la ausencia de un diagnóstico preciso sobre la dimensión real del sector en la capital queretana. Mientras que algunas estimaciones oficiales anteriores señalaban la presencia de entre 15 y 30 personas en puntos como la Alameda Hidalgo, diversos colectivos calculan que más de 16 mil personas ejercen el trabajo sexual en toda la entidad. Esta falta de cifras oficiales, aunada a la ausencia de políticas públicas preventivas y jornadas de salud enfocadas en la detección de ITS o VIH, mantiene a las trabajadoras y trabajadores sexuales en un vació legal que propicia la clandestinidad y vulnera sus derechos humanos.
Asimismo, Corral señaló que los principales reportes de agresión y extorsión hacia las personas que ejercen esta actividad provienen de los propios elementos de seguridad pública municipal, quienes incurren en estigmatización, violencia y despojo de sus ingresos. A esta problemática se suma la proliferación de inmuebles clandestinos o casas de citas donde las personas quedan expuestas a redes de trata de personas y explotación, derivado del desentendimiento de las autoridades locales por atender el tema bajo un enfoque de derechos y salud pública.
Ante este panorama, la regidora propuso una ruta de acción que incluye la modificación al Reglamento de Justicia Cívica, la creación de una mesa interinstitucional de diálogo y la implementación de un esquema de credencialización que permita integrar un censo confiable, tomando como referencia modelos aplicados en la Ciudad de México. Asimismo, solicitó formalmente a la Secretaría del Ayuntamiento instalar mesas de trabajo con las dependencias de seguridad y derechos humanos, propuesta que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte del gobierno municipal.