Francisco Zedillo, uno de los afectados por el proyecto inmobiliario Real de los Cues (Sección Burdeos) ubicado en el municipio de Huimilpan, denunció la negativa del fraccionamiento y de su representante, Pablo Garfias Sitges, para efectuar la devolución de sus recursos tras haberse gestionado la rescisión de su contrato desde hace más de un año.
El afectado detalló que invirtió aproximadamente 165 mil a 170 mil pesos mediante un enganche inicial de 25 mil pesos y parcialidades mensuales para la adquisición de un predio con valor total cercano a los 380 mil pesos. A pesar de contar con comprobantes de pago y haber firmado un adendo por retrasos en las obras, la empresa le notificó posteriormente la cancelación del contrato sin concretar el rembolso pactado ni responder a las solicitudes en sus oficinas o medios de contacto.
Incumplimiento de entregas y falsas promesas en Huimilpan
El denunciante relató que la adquisición se realizó a finales de 2022 e inicios de 2023 atraído por campañas publicitarias masivas. Durante la venta, la empresa presentó maquetas, permisos de factibilidad y un proyecto integral que prometía urbanización y servicios clave en la zona.
Sin embargo, al momento de realizar la inspección física, la sección vendida consistía únicamente en terrenos en breña sin avances reales de infraestructura. Pese a que los desarrolladores mostraron supuestas autorizaciones municipales y de factibilidad de agua para dar certeza al comprador, las entregas de los lotes no se materializaron.
Suma a demandas colectivas y llamado a la autoridad estatal
Ante el cierre de los canales de comunicación por parte de los representantes del desarrollo, el afectado informó que se encuentra en proceso de integración a los grupos de ciudadanos perjudicados que organizan una demanda colectiva.
En este contexto, expuso la preocupación de las víctimas debido al lento avance de las carpetas de investigación ante la Fiscalía y los señalamientos sobre irregularidades en el seguimiento de las denuncias. Por ello, hizo un llamado al Poder Ejecutivo del Estado para que asigne personal que acompañe y gestione la resolución del conflicto por la vía legal, con el fin de garantizar la restitución del patrimonio de las familias defraudadas.